El sector energético vive desde hace meses una situación delicada, en la que los consumidores se están viendo muy perjudicados. Los altos precios de la electricidad y el gas les están causando un gran perjuicio, precisamente en un contexto de inflación y subida de precios del coste de la vida.

A ello se une un escenario en el sector en el que se ha reforzado el poder de los grandes operadores del oligopolio eléctrico. Las reformas realizadas por el Gobierno para bajar el precio de la energía -con las que Feníe Energía está de acuerdo en el fondo, pero no en la forma- están provocando una distorsión del mercado y contribuyen a destruir y dinamitar la competencia.

El Real Decreto-Ley 17/2021, por medio del cual se orquestó un plan de choque para contener el precio de la electricidad, incluía una orden explícita para que el Ejecutivo celebrase la primera subasta de energía eléctrica inframarginal antes del 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, y pese a ser una disposición legal en vigor, estas subastas no se están celebrando y acumulan ya 14 meses de retraso injustificado. El Gobierno, por tanto, incumple su propia ley y deja desprotegidos a los consumidores por segundo invierno consecutivo.

La norma recoge que las empresas generadoras dominantes están obligadas a poner en el mercado libre mediante subasta al menos el 25% de su energía más barata para vendérsela a comercializadoras independientes y a grandes consumidores industriales. En contraposición, lo que realmente sucede es que estas grandes compañías reservan esa electricidad para sus propias comercializadoras, destinándola a la captación de nuevos clientes o a políticas de retención, ofreciendo ofertas muy atractivas a precios muy bajos.

Las subastas de energía eléctrica inframarginal permitirían a las comercializadoras independientes, como Feníe Energía, acceder a esa energía barata y competir en el mercado bajo unas condiciones más igualitarias.

Consumidores “de primera” y “de segunda”

Además, esta coyuntura afecta de lleno a los consumidores españoles, ya que uno de los efectos de la normativa actual es que puede desembocar, a corto plazo, en la creación de consumidores “de primera”, con buenos precios energéticos, y “de segunda”, con precios mucho más altos. A todo ello se une el hecho de que las empresas dominantes del sector, con sus posiciones de fuerza, están conduciendo a un deterioro de la libre competencia que aportan las comercializadoras independientes.

Feníe Energía considera inaceptable que se siga permitiendo esta situación y está llevando a cabo, de forma individual y a través de ACIE (Asociación de Comercializadores Independientes de Energía), una política muy reivindicativa y propositiva ante diferentes organismos: la Secretaría de Estado de Energía, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

La comercializadora independiente denuncia que la situación actual ignora la legalidad y amenaza con la desaparición de la competencia en el mercado eléctrico español, un hecho ante el que el consumidor estará aún más indefenso frente a un sector dominado por las grandes compañías.