Entendido como un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones con el objetivo de identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan las mismas para establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción, el compliance está poco a poco ganando posiciones entre las españolas. En un […]
Gestión y LiderazgoDirigentes Digital
| 15 mar 2022
Entendido como un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones con el objetivo de identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan las mismas para establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción, el compliance está poco a poco ganando posiciones entre las españolas. En un sentido, se trata de un sector con gran presencia femenina y, por otro lado, también representa una oportunidad para el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad dentro de las instituciones.
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo, la Asociación multisectorial de mujeres directivas y empresarias (AMMDE) ha querido celebrar este martes la II Jornada Mujer y Compliance a través de una sesión en la que se ha abordado la trasposición de la Directiva UE 2019/1937 de protección de los denunciantes, cuyo fin último es impulsar la defensa de todas aquellas personas que informen sobre corrupción, fraudes y violaciones del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno, mediante el establecimiento de canales protegidos de comunicaciones y la prohibición de cualquier represalia contra ellos.
El acto presentado en el Palacio de Cibeles, en Madrid, ha sido inaugurado por el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, quien ha destacado el compromiso del Consistorio con la igualdad entre hombres y mujeres, y ha destacado la importancia de “seguir generando políticas que no solo salgan de las instituciones”, sino que también lo hagan desde la sociedad civil. En esta línea, el regidor ha señalado que el Ayuntamiento cuenta con una oficina antifraude de investigación de la corrupción y también ha comentado que “todos y todas debemos colaborar en la persecución de esos objetivos”.
En el lado contrario de España, que todavía se encuentra más rezagada en esta materia, algunos países como Estados Unidos abanderan desde hace tiempo el avance de su trayectoria en compliance. Por ello, después de las palabras del alcalde de Madrid, la embajadora de estadounidense en España y Andorra, Julissa Reynoso, ha querido dedicar unos minutos a recordar cómo la crisis climática, la pandemia, las situaciones de denuncia humanitaria o las guerras, como en el caso de la invasión rusa de Ucrania, “impactan de manera desproporcionada” sobre las mujeres y las niñas. Además, también ha indicado que, a pesar de que “hemos progresado”, todavía “falta mucho más que hacer”. Reynoso es la primer mujer embajadora de Estados Unidos.
Según datos facilitados durante el acto, el 53% de los ciudadanos europeos considera que no es seguro denunciar una infracción en su entorno de trabajo y hasta un 45% de los encuestados de toda la Unión Europea muestra miedo a las represalias que puede llegar a sufrir después de efectuar una denuncia. Así las cosas, a lo largo del análisis que se ha aportado esta mañana en torno a la Directiva UE 2019/1937, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés Marín, ha explicado a través de una intervención grabada que se trata de una tarea pendiente dentro de la Unión Europea (UE), por lo que esta iniciativa pretende “proteger a los delatores” que denuncien desde cualquier país comunitario, cualquier entorno empresarial o desde la administración pública la violación de leyes europeas.
De este modo, este nuevo anteproyecto establece un régimen jurídico que garantiza la protección de las personas que tanto desde las organizaciones públicas como privadas den a conocer infracciones del Derecho de la Unión y del Derecho nacional
Después de que la directiva se adoptara en diciembre de 2019 tan solo diez países han cumplido con el plazo acordado de dos años para implementar y convertirla en ley nacional. Algunos de estos son Bulgaria, Francia, Dinamarca, Letonia, Lituania, Malta, Austria y Portugal. Por su parte, España aprobó a comienzos de este mes de marzo el Anteproyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción para trasponer dicha normativa del Parlamento Europeo, también conocida como whistleblower.
Para lograrlo la propuesta pretende “crear estándares europeos muy claros” que protejan a estas personas a través de la creación de canales seguros de denuncia. De este modo, también establece la obligación de disponer de canales internos de información, tanto para empresa con más de 50 trabajadores como para las personas jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores. Además, la gestión del sistema puede llevarse a cabo a través de la propia entidad o externalizarlo la gestión, respetándose igualmente las garantías previstas en la norma.
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