La pandemia también sacudió de lleno al segmento de los pisos turísticos, forzándoles al trasvase del alquiler residencial en muchos casos. Tras catorce meses navegando por la incertidumbre, la mejora de la situación epidemiológica, acompañada de la progresiva campaña de vacunación, los propietarios se rearman para volver a su actividad convencional a lo largo de este año, conscientes de que el modelo deberá llevar nuevas variantes incorporadas, que ya estaban en el punto de mira en la vida pre-COVID.

Se da la circunstancia de que esta vuelta paulatina vendrá de la mano de una nueva normativa urbanística para regular estas viviendas, en la que el Ayuntamiento de Madrid trabaja desde hace meses, y sustituirá así a ley aprobada por la anterior alcaldesa, Manuela Carmena. 

Frente a esta situación, la asociación Madrid Aloja, que engloba a más de 3.500 viviendas de uso turístico en la capital -alrededor de una cuarta parte de todas las existentes-, ha presentado un plan de acción para reforzar la nueva norma y fomentar la creación de un marco beneficioso para todas las partes. En este sentido, abogan por una regulación más exigente, con la finalidad de “devolver la seguridad jurídica al sector frente al último Plan de Hospedaje”, al tiempo que contribuyen a la reactivación de la industria de los viajes. 

Con una población de 3,2 millones y un flujo de visitantes de 10,4 millones en 2019, la proporción de turistas en Madrid es de 3,75 personas por habitante. La cifra es significativamente más baja al compararla con otros núcleos turísticos como Barcelona, en los que esta ratio alcanza los 7,36; Ámsterdam (22,5) o Venecia (100), todos ellos con un nivel de residentes bastante inferior. Así, a juicio del presidente de la citada organización, Adolfo Merás, el problema en Madrid radica en la concentración de este nicho en determinados barrios, ante lo que propone la creación de un censo de viviendas turísticas que incluya un sistema de plazas limitado. 

La idea pasa por acotar la cantidad de inmuebles destinados a esta finalidad hasta un máximo del 40% por edificio y trasladar el exceso de oferta a otros barrios, “en el marco de consolidación de la demanda del turismo”, de forma que haya un equilibrio entre todos los tipos de alquileres. “Por encima de ese porcentaje, el sector recomienda que se tramite el cambio de uso a apartamento turístico de todo el edificio, que a la postre serviría para garantizar un crecimiento urbanístico ordenado”, precisan desde Madrid Aloja. 

En esta línea, la batería de medidas también recoge acciones con las que combatir la “sobreocupación”, como el establecimiento de un número máximo de huéspedes por vivienda y la imposición de sanciones tanto a plataformas que recojan anuncios con ocupaciones por encima de las permitidas, como gestores que dejen más de las autorizadas o usuarios “irresponsables”. Estas iniciativas se complementarían con la creación de un depósito de garantía proporcional a los alojados. 

“El alquiler vacacional tiende la mano a la Administración y al resto de los agentes turísticos para volver a hacer de Madrid uno de los destinos con mayor protección internacional. La nueva normativa debe conciliar la recuperación de la economía y el empleo con el bienestar de todos los ciudadanos, y ello supone dar encaje a un modelo de turismo de calidad y sostenible cada vez más demandado”, subrayan.  

Durante la presentación del citado documento, Merás junto con el secretario general, Alberto Más, pusieron de relieve el alquiler vacacional “como motor” para acelerar la economía, sobre todo, por el efecto tractor que ejerce sobre el comercio o la hostelería, así como por su papel de “distribuidor territorial del gasto” en las localidades y provincias aledañas. Según datos de la Universidad de Salamanca recabados por Madrid Aloja, apenas un 24% del desembolso que realizan los usuarios va a parar a la estancia, mientras que el 76% restante recae sobre el resto de partidas como tiendas y supermercados de proximidad, museos o restaurantes.