Más allá de las dificultades de interpretación que presentan las cifras y las metodologías de medición en Argentina, ambas frecuentemente cambiantes, lo que el presidente Alberto Fernández tiene en claro ahora es que deberá de “gastar más” en las próximas semanas para intentar cambiar el humor social que llevó a su reciente derrota en elecciones […]
InternacionalDirigentes Digital
| 28 sep 2021
Más allá de las dificultades de interpretación que presentan las cifras y las metodologías de medición en Argentina, ambas frecuentemente cambiantes, lo que el presidente Alberto Fernández tiene en claro ahora es que deberá de “gastar más” en las próximas semanas para intentar cambiar el humor social que llevó a su reciente derrota en elecciones primarias en el 70% del país.
Para ello, ha preparado un aumento del salario mínimo, otorgará un bono extraordinario a jubilados y anunció que robustecerá las ayudas financieras de los planes de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y otros subsidios dentro de un conjunto de medidas para estimular el consumo y “levantar el ánimo de la gente”, incluyendo también flexibilización de restricciones sanitarias.
El 14 de noviembre su Gobierno irá a las elecciones definitivas para renovar 127 de las 257 bancas de Diputados y 24 de las 54 de Senadores. Buscará no repetir la derrota que sufrió en las previas del 12 de septiembre debido a -según consultoras y su propio equipo- no haber atendido a los pobres y haber gestionado de manera tan errática la pandemia.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, un 42% de la población está bajo la línea de pobreza, según cifras oficiales, o más del 52% según estimaciones independientes. El confinamiento ha sido considerado el más prolongado de la región, no ha habido reactivación económica y, además, escándalos de corrupción y nepotismo fueron constantes.
Que “gaste más” es la consigna que también surge de la carta que le escribió Cristina Kirchner al criticar la poca cantidad de votos que obtuvo su coalición. Fue la vicepresidenta quien eligió a Fernández para lograr su retorno al Gobierno tras la gestión de Mauricio Macri. Esa “autoridad” es la que impregna el texto de recriminación que le dedicó criticando su “política de ajuste fiscal equivocada”.
Es ella también quien dictó los cambios en el Gabinete que realizó el mandatario tras admitir que el gabinete con el que venía gobernando debía renovarse. “Algo no habremos hecho bien”, dijo el jefe de Estado al ver las urnas casi vacías y después de que Cristina, como todos llaman aquí a la vicepresidente, dijera que había “funcionarios que no funcionan”.
Fernández se tomó la semana siguiente para reorganizar fichas en el tablero y lanzar su plan de acción: un conjunto de medidas económicas destinadas a “poner dinero en el bolsillo de la gente” para generar la “sensación” de que ha comenzado la reactivación económica pospandemia y que ahora “todo será mejor” después del “shock de consumo”. O sea, “levantarle el ánimo” a los electores.
Para ello, ha cambiado al jefe de gobierno (salió el ideológico Santiago Cafiero, entró el pragmático Juan Manzur), ha salido a encontrarse (cuerpo a cuerpo, a pesar de la pandemia) con los sectores más golpeados por la economía y ha ordenado que Hacienda gaste lo que falta del presupuesto, “un 2,4% del PBI”, según Cristina Kirchner.
“El déficit fiscal de 2021 iba a ser del 4,5% del PBI. En agosto, faltando días para las elecciones, el déficit ejecutado era del 2,1%. Faltan ejecutar 2,4% del PBI, más del doble de lo ejecutado”, escribió la política, destacando que faltan “sólo cuatro meses para terminar el año… con pandemia y delicadísima situación social”.
Las críticas de Cristina son sostenidas por La Cámpora, el brazo de jóvenes militantes y funcionarios de izquierda de la coalición, que le dijeron a Guzmán que “no es hora de amarretear (ser tacaño)”, a lo que el ministro respondió que en el Presupuesto que envió al Congreso “no hay ajuste sino baja del déficit fiscal”.
Guzmán cuenta con que habrá acuerdo con el FMI (por la deuda de 44.000 millones de dólares), aunque analistas no vislumbran grandes avances en ese camino, considerando inclusive que el Derecho de Emisión de Giro (DEG) que aprobó recientemente el Fondo por la pandemia vale sólo hasta fin de año y para 2022 ya hay un vencimiento de 19.200 millones de dólares aún no negociado.
En suma, la presión que vienen haciendo los funcionarios políticos para crear una sensación de bienestar colocando dinero en la calle se enfrenta con los límites al Presupuesto que impone el jefe de la Economía, enfocado en mantener el déficit fiscal controlado y conseguir con ello una mejor negociación con el FMI.
Restan sólo 6 semanas para saber qué reacción tendrá la población a tales medidas en el cuarto de votación. Por ahora, la ilusión es que los aumentos a jubilados y las ayudas sociales les ayuden a sortear el efecto corrosivo de la inflación, que en agosto fue de 51,4%, cuando el Gobierno había fijado un límite de 29% en su presupuesto para este año.
