Hace ya más de dos años desde que los ciudadanos británicos decidieron salir de la Unión Europea por un margen del 51,9% frente al 48,1% que quería permanecer en ella. Desde entonces, se han sucedido dimisiones, acuerdos, desacuerdos, discusiones, reuniones y una lista de hechos inabarcable que han servido para demostrar que el patinazo político de David Cameron iba a provocar una incertidumbre nunca vista en Europa.

Ahora, hace apenas dos semanas y tras meses de negociaciones, los distintos países europeos aceptaron un acuerdo de salida. Asuntos como el de Gibraltar pusieron en riesgo la aprobación de ese acuerdo, pero como todos los demás fueron sorteados por la primera ministra Theresa May, con el rechazo de una parte significativa de su propio gabinete.

La salida está pendiente de un único paso: que el Parlamento británico no dé su visto bueno al acuerdo del Brexit por no considerarlo lo suficientemente bueno para los intereses de Reino Unido. En ese contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Escocia ha preguntado al Tribunal de Justicia Europeo si eso supondría que Reino Unido podría permanecer en la Unión Europea si el Parlamento no valida el pacto UE-RU.

Eso significaría que todas las polémicas, incertidumbres, decisiones e indecisiones de estos últimos meses no servirían para nada. Reino Unido tiene la última palabra, a pesar de que se haya alcanzado un acuerdo. Ese es el punto de vista del Abogado General Campos Sánchez-Bordona y la solución que propone al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En consecuencia, propone al Tribunal que admita que el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea permite que un estado revoque su decisión de forma unilateral.

El abogado cree que la pregunta planteada por el tribunal escocés tiene “una importancia práctica evidente”, por la inquietud que existe acerca del veredicto del parlamento británico. En ese sentido, argumenta que la salida de un estado de la Unión Europea constituye un ejemplo de toma de decisión en base a su soberanía, lo mismo que ocurriría en el caso de que decida quedarse o volver a formar parte de esa Unión.

De hecho, si el Consejo Europeo rechazara que Reino Unido quiere echarse atrás, significaría “la salida forzada” de un estado de la Unión que sigue siendo miembro. “Sería ilógico forzar a dicho Estado miembro a retirarse de la Unión para que luego tuviera que negociar su adhesión”, explica en un comunicado el Tribunal con sede en Luxemburgo. Así, la negociación o acuerdos tomados “no impiden la revocación unilateral” que consumaría la salida.

No obstante, la justicia tiene en cuenta el plazo temporal previsto por las leyes europeas. Esto es, el tiempo que dispone un país para rectificar es de dos años, que es el periodo estipulado desde que un estado notifica quiere salir hasta que se consuma ese hecho.