En línea con los sectores más afectados como consecuencia de la guerra en Ucrania, el pasado 27 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó una serie de medidas anticrisis que también afectan a los agricultores, ganaderos y pescadores españoles. Para ello, el Gobierno destinará 660 millones de euros con el fin de que estos cubran los mayores costes de producción. De este modo, el presupuesto previsto está organizado de la siguiente manera: 300 millones para mitigar el aumento del precio de los fertilizantes, 240 millones para paliar la subida del precio del gasóleo agrícola y 120 millones atenuar el incremento del combustible pesquero.

En este escenario, DIRIGENTES ha conversado con el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos, para analizar la situación actual del sector y, reflexionar, también, sobre sus necesidades. Así las cosas, para hacer una valoración de lo que ha supuesto el año 2022, Ramos hace alusión a dos cuestiones. En primer lugar, el aumento de los costes de producción y de la mano de obra, la energía, los carburantes y los fertilizantes. En relación con este último punto, según datos aportados por Moncloa, el precio medio de los fertilizantes aumentó un 80% entre septiembre de 2021 y el mismo mes de 2022, incidiendo directamente en la rentabilidad de las empresas agrarias.

En segundo término, el dirigente de UPA también señala el factor de la climatología aludiendo a las heladas que se produjeron durante la primavera, las olas de calor del verano y la sequía que se vivió durante todo el ejercicio. Por ello, de cara a este 2023 que acaba de comenzar, Ramos indica que sus esperanzas están puestas en las lluvias que se produjeron en diciembre y espera que se extiendan durante todo el año. “Si resolvemos la situación de sequía tendremos resuelta una parte importante de nuestros problemas”, declara. Durante la campaña de 2022, hubo determinados cultivos como el arroz, el maíz o el tomate de los que se trabajaron menos hectáreas que en otras ocasiones y, de igual forma, las precipitaciones también afectan a otros compañeros del sector: “Si llueve, el ganado come en el campo y eso significa un ahorro de costes importante para los ganaderos”.

Por ello, explica que, aunque es cierto que ha habido una recuperación de los precios de los productos, “como la producción ha sido tan baja, no ha sido suficiente para cubrir los costes”. En este sentido, espera que puedan cubrir dichos costes y cumplir así la ley de la cadena alimentaria, establecida para que “ningún agricultor ni ganadero pueda cobrar por debajo de lo que le cuesta producir”. Además, también apunta que resulta imprescindible acabar con la especulación de los precios de los productos que necesitan para llevar a cabo su actividad “sobre todo por las empresas que en muchos casos nos venden los insumos”.

Organización de las ayudas

El sector cuenta 660 millones. Tal y como explica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el caso de los fertilizantes, orientados a mitigar el aumento de su precio, unos 300.000 agricultores se beneficiarán de la ayuda directa, con un presupuesto de 300 millones de euros. De este modo, “la subvención se concederá por hectárea, hasta un máximo de 300, y será de 22 euros por hectárea en el caso de superficie de secano y de 55 euros para el regadío”.

En lo que respecta a la subida del precio del gasóleo, el Gobierno ha dirigido 240 millones de euros. Así, agricultores, ganaderos y pescadores seguirán contando con la ayuda de 20 céntimos de euro por litro de gasóleo consumido y se tomará como referencia el consumo destinado en exclusiva al uso agrario realizado durante 2022, por ser el último ejercicio con datos cerrados. No obstante, desde el Ministerio indican que dicha ayuda se concederá a “aquellos agricultores que ejerzan el derecho a la devolución de las cuotas del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) satisfechas o soportadas con ocasión de las adquisiciones de gasóleo agrario”.

De forma general, unos 120.000 agricultores y ganaderos solicitan anualmente esta devolución. Sin embargo, el Gobierno prevé que el número que finalmente se beneficie de esta ayuda sea mayor. Este apartado cuenta con un presupuesto de 240 millones de euros y la devolución se podrá solicitar a partir del 1 de abril de 2023. En este contexto, para Ramos estas propuestas representan una buena noticia y, unida a todas las demás, resultan iniciativas “interesantes”. Por ello, para el secretario general de UPA, que esta medida se mantenga “viene a decir que el Gobierno se ha dado cuenta de que somos un sector afectado y de primera necesidad”.

Por su parte, el sector pesquero recibirá una dotación de 120 millones que se concederá “en función de la estimación del consumo de gasóleo de la embarcación para cubrir los costes adicionales derivados del incremento de los costes del combustible de cada empresa pesquera”, señalan desde Agricultura donde estiman que gracias a esta ayuda se beneficiarán unos 8.900 buques pesqueros.

Nueva PAC

La nueva Política Agraria Comunitaria (PAC), que entró en vigor este mes de enero, incorpora algunas novedades de las que Ramos destaca dos. En primer lugar, impone topes máximos a las ayudas que se pueden recibir por explotación. “Desde UPA llevamos reivindicando desde hace muchos años que había gente que estaba cobrando subvenciones multimillonarias y, en muchos casos, sin prácticamente una actividad detrás que justifique la producción”. “Las ayudas tienen que ser para la gente que trabaja y produce”, sentencia.

En segundo lugar, el dirigente explica que, por primera vez, se recoge que una parte importante del presupuesto recaudado se destinará a las ayudas redistributivas. Es decir, se impondrán topes por arriba para repartir el dinero “de una forma más justa y solidaria de lo que se ha venido haciendo hasta ahora”.