La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este jueves su disposición a trabajar con el Ejecutivo central en el diseño de medidas de restricción a la movilidad “sensatas, justas y ponderadas”. En un principio, desde la CAM abogaban por volver al confinamiento selectivo de determinadas zonas, tal y como se hizo con anterioridad. Sin embargo, esta medida no figura en la hoja de ruta del Gobierno, que ha aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario convocado este viernes, el estado de alarma en Madrid y otros ocho municipios de la región por un periodo de 15 días.

En la tarde del jueves, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya había trasladado su intención de emplear los mecanismos disponibles para controlar el nivel de contagios en esta zona, incluidos el estado de alarma, antes de que se produzcan desplazamientos en masa con motivo de la festividad del 12 de octubre.

A primera hora de la mañana, Ayuso se ha reunido con el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con el objetivo de trazar un plan para presentar al Gobierno y evitar la implantación de esta herramienta excepcional. Algunos medios señalan que Ayuso ha mantenido una conversación con el jefe del Ejecutivo para pedirle más tiempo, ante lo que Sánchez ha respondido que "hay que proteger la salud pública ya".

La decisión se ha tomado un día después del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que levanta el cierre de la ciudad de Madrid capital junto a otros nueve municipios de la región, impuestos hace una semana por orden del Ministerio de Sanidad. “En un Estado de Derecho las normas se cumplen y con las que no se está de acuerdo, se va a los tribunales”, subrayó Ayuso al tiempo que pidió una normativa “sencilla, clara y que ambas administraciones, todas las comunidades autónomas, puedan cumplir y hacer cumplir”. 

En concreto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este órgano ha tumbado este confinamiento perimetral al asegurar que la ley bajo la que se ampara “no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales”, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press. Esto significa que la fórmula escogida por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para decretar el cierre selectivo en algunas zonas de Madrid no se ajusta al Derecho. 

La norma fue aprobada a mediados de la semana pasada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud e instaba a la Comunidad de Madrid a aplicar esta orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si bien el Gobierno encabezado por Ayuso expresó su desacuerdo sobre esta decisión, decidió acatarla, entrando en vigor el pasado 2 de octubre a las 22:00 horas. De este modo, quedaba restringida la movilidad en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Alcobendas, Parla, Getafe, Leganés, Móstoles, Fuenlabrada, Alcorcón y Madrid capital, salvo por razones académicas, laborables o sanitarias, entre otras causas de fuerza mayor. Ahora, tras el pronunciamiento del TSJM, estas medidas serán levantadas al no contar con autorización judicial y no se podrá multar a quienes incumplan la movilidad. 

En el citado documento señalan que la implantación de medidas concretas que limiten “el ejercicio de determinados derechos fundamentales” se permita a través de una Ley Orgánica o Ley Ordinaria, sin necesidad de recurrir al estado de alarma, siempre que esté lo “suficientemente acotada” y “justificada en la protección de otros bienes o derechos constitucionales”. 

Cabe recordar que Sánchez aseguró cambios en las leyes sanitarias que le permitieran mitigar el aumento de contagios hasta que hubiera vacuna, aunque por el momento, no se ha pronunciado al respecto. Ante ello, el TSJM aprovecha para darle un toque de atención: “Resulta llamativo que ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia de la COVID-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país”. 

En este sentido, la presidenta ha tachado las decisiones tomadas por el ministro de Sanidad, de “precipitadas, no consensuadas y que afectaban a derechos fundamentales de millones de ciudadanos”. “Así lo han entendido por unanimidad los tribunales”, ha remarcado para resaltar que las iniciativas desplegadas por el Ejecutivo autonómico “previa ratificación judicial -esta sí- estaban dando sus frutos”. Según los datos que ha aportado, el índice de contagio en Madrid capital se sitúa en 465 y en 507 de media en toda la Comunidad. “Que Madrid conviva, que la economía no se hunda mientras seguimos luchando contra el virus”, ha apostillado, al tiempo que ha reconocido que las cifras continúan siendo “muy preocupantes” y hace un llamamiento a la prudencia. “No podemos confiarnos y acostumbrarnos a estas cifras. El virus no se ha ido, todo lo contrario. Sigue entre nosotros y puede propagarse de nuevo”, ha precisado.