Apostar por un negocio siempre es arriesgado y complicado. Darle forma y sacarlo adelante, siendo un pequeño o mediano empresario, en España, se torna como una ilusión demasiado compleja. Desde que el proyecto comienza a tomar forma, hasta que muestra su cara y durante toda su vida, la pequeña y mediana empresa asume unos trámites […]
NacionalDirigentes Digital
| 04 may 2022
Apostar por un negocio siempre es arriesgado y complicado. Darle forma y sacarlo adelante, siendo un pequeño o mediano empresario, en España, se torna como una ilusión demasiado compleja. Desde que el proyecto comienza a tomar forma, hasta que muestra su cara y durante toda su vida, la pequeña y mediana empresa asume unos trámites administrativos y burocráticos que, en comparación con empresas de mayor tamaño, supone una demasiado costosa para una pyme.
Son estas pequeñas y medianas empresas de España las que lamentan la situación actual en la que se encuentran. La mayoría son incapaces de llegar a poner en marcha el anteproyecto si no es con la ayuda de una gestoría que les indiquen los pasos a seguir para poner en marcha el anteproyecto del negocio. Según el informe presentado por España Avanza, un altísimo porcentaje de autónomos, pymes y microempresas, reconocen estar en situación de desventaja.
Tanto autónomos como pymes, tienen una lucha abierta contra la morosidad en España. Cierto es que algunas de las leyes impositivas, renovadas actualmente, van en contra de este delito tributario, llegando incluso a impulsar el desarrollo de sus negocios. Dictámenes como los referentes a los pagos al Fisco o la Seguridad Social, en todo lo referido a aquellas entidades financieras que lo acrediten.
Sin embargo, casi la totalidad del tejido empresarial español, que resultan ser las pymes, autónomos y microempresas, opina que el gremio necesita estar exento de ciertos impuestos como el de Actividades Económicas, además del de para personas físicas en aquellas empresas que no lleguen a alcanzar los diez millones de euros en sus negocios. Abogan por un sistema tributario acorde al tamaño de la empresa, para así poder crecer y competir dentro del marco empresarial.
La morosidad, aquel mal que afecta al conjunto del tejido empresarial, también atañe a las pequeñas y medianas empresas de España. Para ello, este alto porcentaje empresarial propone paliar los efectos que conlleva el incumplimiento de impagos a través de una serie de reformas por parte del Gobierno.
Estar amparados frente a este mal generalizado, a los negocios de menor tamaño les supone un alto respaldo económico. Su propuesta es que sea la Administración Pública la que sancione directamente a la empresa deudora, al igual que se castigue a aquellas que sobrepasen el límite de sesenta días de impago.
Para los autónomos y pymes, la falta de pagos por cuenta de un segundo, resulta ser uno de los principales problemas a los que se enfrentan. Además, condiciona enormemente a la hora de hacer frente a sus obligaciones tributarias con Hacienda, teniendo de este modo, que adelantar el pago del IVA de aquellas facturas que aún no han sido cobradas.
En lo referente al sector público, las pequeñas y medianas empresas también encuentran una gran barrera a la hora de desarrollar su actividad. Los recursos estatales a los que pueden optar, además de las complicaciones burocráticas, supone a un alto porcentaje de estos negocios a no llegar a su fin.
Las trabas administrativas, al final y al cabo, procedentes del Estado, es uno de las quejas más escuchadas de los empresarios que, a la hora de pedir subvenciones, no encuentran el apoyo necesario para ello.
Una pieza más en un puzle que parece no encajar plenamente en el marco sociopolítico español, acrecentando los problemas que de por sí tiene la (casi) plenitud del tejido empresarial de este país.
