España invertirá 72.000 millones para crear 800.000 empleos en 3 años

Como cada vez que el Gobierno ha presentado alguno de sus planes de impulso económico, el Palacio de la Moncloa ha servido de escenario de gala para el presidente. El turismo, la industria, el sector digital, la automoción ya han asistido a la residencia del presidente del Gobierno en sus respectivas ocasiones para escuchar las promesas de lluvias de millones para sus sectores.

También los sindicatos y la patronal han escenificado reiteradamente la consecución de pactos con el Ejecutivo. Con la misma pomposidad y triunfalismo que en las presentaciones anteriores, Pedro Sánchez ha presentado el ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española’, aunque con la salvedad de que que muchos de los invitados estuvieron presentes mediante videoconferencia.

Una nueva lluvia de millones que, apoyado en las ayudas de la Unión Europea, debería servir para apuntalar la economía española. En concreto, se espera que el plan eleve en 2,6 puntos porcentuales el crecimiento del PIB el año que viene, del 7,2% que se espera, hasta el 9,8% si el plan se ejecuta plenamente.

Los cálculos para otras variables no son menos ambiciosos, pues se vaticina que el plan puede elevar más de 6 puntos las exportaciones (del 11,7% al 18%) y la inversión en 7,5 puntos (de 7,2% a 15%). Teniendo en cuenta estos anhelos, se entiende por qué se ha vuelto a preparar una puesta en escena de estas características.

En total, el plan pondrá encima de la mesa 72.000 millones de euros durante los próximos tres años, de los que 27.000 millones se ejecutarán ya en 2021 en cuanto que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sean aprobados en el Parlamento. Ese es el motivo que, según Sánchez, debe llevar a “acelerar el calendario”, de modo que los PGE representan la principal vía para poner en marcha los recursos cuanto antes.

Según explica el presidente del Gobierno, la inversión verde supondrá el 37% del plan, en torno a 26.600 millones de euros, con la electrificación del parque de vehículos, la implantación de puntos de recarga y la rehabilitación de medio millón de viviendas. Desde el Ejecutivo se espera que esta parte del plan represente una “enorme palanca de creación de empleo”. De ese modo, tanto la transición digital como el resto de puntos del plan ayudarán a crear 800.000 puestos de trabajo en 3 años, según ha prometido Sánchez.

La transición digital es el otro gran pilar sobre el que se asienta el plan, ya que acumulará el 33% de los recursos, unos 23.700 millones de euros. Estos objetivos se enmarcan dentro de una “nueva modernización de España”, según la ha definido el presidente del Gobierno, si bien requerirán un “esfuerzo de gestión extraordinario”. Para empezar, la propuesta es formar en competencias digitales al 80% de los trabajadores españoles, así como a 150.000 empleados públicos, que recibirán adiestramiento en teletrabajo.

También forman parte de la hoja de ruta la inclusión y la educación. Por un lado, se tratará de reducir la brecha de género creando 65.000 plazas de educación infantil de 0 a 3 años. En cuanto a la formación se destinará el 18% de este plan, con el objetivo de crear 200.000 plazas de Formación Profesional en los próximos cuatro años, con un especial foco en áreas rurales y poblaciones de 5.000 habitantes.

En todo caso, Sánchez ha avisado de que las ayudas no saldrán gratis. Advierte de que la recaudación es “muy inferior a la media de la Unión Europea”, por lo que se subirán impuestos “una vez se recupere el crecimiento vigoroso” y se alcancen los niveles previos a la crisis. El presidente afirma que se tratará de recuperar “la senda de los equilibrios fiscales”, también por medio del aumento de la eficacia y la eficiencia del gasto público.

En último término, el Gobierno se propone eliminar cuellos de botella y trabas administrativas que, en ocasiones, limitan el aprovechamiento de los recursos que se ponen a disposición de las empresas. Entre estos, se reducirán los requisitos para contratos con el sector público así como para subvenciones que, según Sánchez, “se detecta que suponen un obstáculo para la utilización de los recursos”.