La pandemia de coronavirus está provocando un gran shock en las economías mundiales, con consecuencias socioeconómicas muy severas. Pese a la respuesta política de los diferentes países, la crisis ya es un hecho y se trata de "una recesión profunda y desigual y una recuperación incierta", según el pronóstico reflejado por la Comisión Europea en su último informe. Desde Bruselas apuntan que el impacto en la zona del euro será de media un 7,7% en 2020. El comisario Europeo de Finanzas, Paolo Gentiloni, habla de un efecto económico "sin precedentes desde la Gran Depresión" y apela a la acción europea "conjunta y decisiva" para mitigar sus consecuencias.

En lo que respecta al mercado laboral, ya lo expresaron desde la institución europea: aquellos países con trabajadores con contratos temporales y aquellos donde la fuerza laboral depende del turismo son "particularmente vulnerables". Unas valoraciones que van en la línea con las trazadas recientemente por el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. 

Cabe recordar que los datos de desempleo de abril volvieron a acuciar los estragos que está cometiendo la crisis sanitaria en la economía española. Finalizando ese mes con un aumento en 282.891 personas (una subida mensual del 8%) y una cifra total de parados superior a los 3,8 millones de personas, según datos del ministerio de Trabajo y Economía Social. De cara a mayo, desde Adecco Group Institute, prevén que el paro alcance los 4.000.000 de personas. El director de esta institución, Javier Blasco, dice que lo importante ahora es centrarse en medidas que frenen esta tendencia y recuperar la economía productiva y, para ello, "necesitamos el apoyo de la Unión Europea".

En línea con esto, el Gobierno anunció que las empresas que se hayan acogido a un ERTE por motivos de fuerza mayor no podrían despedir a los trabajadores hasta un mínimo de seis meses después de su finalización. Esta medida de protección de empleo, que evitaría la destrucción masiva de empleo, sin embargo, encarna una realidad diferente. Así lo indica el Grupo Fidelitis, que vaticina dos escenarios: numerosos despidos de empleados "para los que habrá que demandar en muchos casos por despido nulo por fraude de Ley y, por lo tanto, readmisión en la empresa, o el cierre de multitud de empresas y posterior colapso del Fondo de Garantía Salarial", según indica esta consultora legal. 

Efectos negativos futuros

La situación actual presenta un panorama turbulento, en el que más del 40% de las organizaciones planea reducir su plantilla debido a la COVID-19. En la mayor parte de las empresas se han congelado o reducido las contrataciones nuevas o, en el mejor de los casos, aplazado. Estas son algunas de las principales conclusiones de la encuesta realizada por la consultora Willis Towers Watson a más de mil empresas europeas. Las perspectivas no son positivas, ya que en España casi el 70% de las compañías reconoce que la pandemia tendrá un impacto pernicioso en su negocio en los próximos seis meses, mientras que otras contemplan que estos efectos se extenderán más de un año o que, incluso, hasta entrado el año 2022. 

Los empleos que penden de un hilo son los relacionados con el trabajo manual, la cadena de producción y el soporte al negocio. Son los más "susceptibles" de perder su puesto en los tres meses siguientes, señala esta consultora. 

También se han visto afectadas las políticas de remuneración. Es decir, más de la mitad de las compañías encuestadas está valorando o ya ha puesto en marcha el diferimiento o la disminución de los incrementos de salario. En este sentido, el Associate Director de Rewards en Willis Towers Watson, Jorge Estefanía, indica que la crisis se presenció cuando ya muchas empresas habían acordado las condiciones de una subida de sueldo: "Si bien estas empresas han tenido que respetar lo pactado, prácticamente en el resto de compañías donde no se habían cerrado dichos acuerdos han optado por congelar o, incluso, reducir los salarios".

La cuantía percibida también se ha visto afectada en el caso de los directivos. Desde la consultora cifran en un 20%, las que han rebajado la remuneración fija a algunos de sus dirigentes, unos recortes que se estiman en una quinta parte del salario base, como mínimo. A este respecto, el Director de Executive Compensation de Willis Towers Watson, Juan Guerrero, menciona que esto no tiene tanto que ver con una medida para reducir costes, sino que es una cuestión "más estética y de alineación con los principales stakeholders". Por un lado, por los accionistas que experimentan una merma del valor de sus inversiones y los dividendos no llegan o se reducen y, por otro lado, los empleados que pueden estar en un ERTE. 

Guerrero recomienda que, antes de tomar las decisiones pertinentes que afecten a la plantilla, las empresas consideren la situación a largo plazo sin poner el foco únicamente en un pequeño periodo de tiempo. Por ello, insta a que se mantengan las políticas retributivas de acuerdo con la filosofía y la estrategia de la organización, además de "ser consecuente y equitativo" con todos los niveles de la organización.