Objetivo UE: proteger al usuario en el ecommerce

“La globalización ha llegado”, dice Manuel Pardos, presidente de ADICAE, en referencia a una cuestión que “va a revolucionar la vida de las personas, la economía y la política”. En el caso de la economía, la globalización supone la producción en distintos países, que la situación de un país influya en todos los demás, y también que esa libertad facilite la compra de bienes y servicios desde cualquier lugar del mundo.

El comercio electrónico ha centrado el evento de ADICAE, “Los consumidores ante los cambios del e-commerce”, que ha servido para aportar luz acerca de los planes de la Unión Europea para tratar de controlar esta tendencia que escapa con una vertiginosa velocidad de la regulación de los gobiernos estatales. Las grandes corporaciones han observado una oportunidad en el que hace unos años era un nicho sin explorar.

Las circunstancias son determinantes en este aspecto. En España, según los datos del Ministerio de Economía y Empresas, nueve de cada diez hogares tienen un ordenador en casa, mientras que el porcentaje de personas que lleva un móvil asciende al 98%. De este modo, no es de extrañar que el móvil sea el principal medio por el que se accede a internet y, de paso, que este elevado acceso a los smartphones se traduzca en que el 57% de los jóvenes hagan sus compras por internet.

No obstante, la evolución de ese mercado se ha producido por la vía del libre albedrío. “Como consumidores tenemos que estar dispuestos a defender nuestros derechos y a no caer a la tentación del ‘todo gratis’” que ofrece internet, explica Francisco Fonseca, representante de la Comisión Europea en España. Por ello, la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, pretende establecer una nueva acta referente a los servicios digitales en los cien primeros días de su mandato.

Esta directiva “Omnibus”, que forma parte del “New Deal for Consumers” que adelantaba von der Leyen, cuenta con cuatro pilares que pretenden poner el foco en la responsabilidad de las empresas a la hora de comerciar por internet. En primer lugar, se encuentra el capítulo de sanciones. Ya existen multas a nivel local, explica Fonseca, pero se necesita ascender a un nivel europeo para sancionar los fraudes transfronterizos.

Sanciones

En ese sentido, la medida plantea una sanción comunitaria en casos de fraude que alcance el 4% del volumen de negocio de la compañía, si bien la UE se enfoca principalmente en los gigantes del comercio electrónico. Así, se pretenden establecer multas disuasorias que frenen los abusos de estas grandes corporaciones.

Asociaciones de consumidores

El segundo aspecto tiene que ver con la reparación de esos abusos. La Comisión pretende habilitar a entidades de consumidores sin ánimo de lucro ni conflictos de interés para que protejan a los ciudadanos con una mayor autoridad que si fuera un solo afectado el que reclama. “El objetivo es organizar y no tener que recurrir a héroes individuales”, aclara Fonseca.

Quién es el vendedor

Otro de los puntos aspira a dejar claro quién es el responsable de los productos que se venden en las plataformas digitales. “Ahora muchas veces no se sabe quién es el vendedor ni interesa”, explica el representante de la UE. Por ello, el objetivo es que se estipule quién es el vendedor, a quién se está comprando y quién tiene la responsabilidad de ejecutar ese contrato de compraventa.

Calidad dual

Por último, Fonseca ha calificado como un “problema político muy importante” el hecho de la duplicación e imitación de productos. Según un análisis comunitario, el 31% de los productos de marca que se venden por internet contienen ingredientes distintos de los que se especifican, o en una menor proporción, mientras que en el caso de los productos de marca blanca, el porcentaje es del 24%.

De cualquier modo, la UE quiere asegurar la calidad de los productos, para que unos consumidores no reciban productos peores que otros. En esa línea, Fonseca cree que se debe intentar acabar con el problema de la calidad dual, “que no es un mito”.