Una comisión de expertos fiscales está analizando qué cambios habría que hacer en el sistema impositivo español para hacerlo más eficiente y competitivo. A la vez, el debate sobre el Impuesto de Sociedades ha culminado en un acuerdo a nivel internacional sobre un tipo impositivo mínimo. En ese contexto de análisis, cambios, que coincide con […]
NacionalDirigentes Digital
| 15 oct 2021
Una comisión de expertos fiscales está analizando qué cambios habría que hacer en el sistema impositivo español para hacerlo más eficiente y competitivo. A la vez, el debate sobre el Impuesto de Sociedades ha culminado en un acuerdo a nivel internacional sobre un tipo impositivo mínimo.
En ese contexto de análisis, cambios, que coincide con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), los asesores fiscales reflexionan sobre la reforma que habría que afrontar. También apuntan ideas sobre cómo mejorar esa cuenta entre los gastos y los ingresos públicos, sobre todo esto último.
La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) celebró este jueves un evento con periodistas en el que dejaba clara una de las principales líneas de actuación: controlar la forma en la que el Estado gasta el dinero público. Si bien es cierto que el déficit se reduce al 5% el año que viene, según el proyecto de PGE, este descenso está relacionado con el crecimiento del PIB.
Por tanto, pese al aumento de la recaudación del 8,1%, las cuentas públicas perderán en torno a 60.000 millones de euros en 2022. José Andrés Sánchez Pedroche, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad a Distancia de Madrid, llamó la atención sobre el desequilibrio que hay entre el control al contribuyente en comparación con el gasto público.
Con esos datos sobre la mesa, a Sánchez Pedroche le parece que la reforma fiscal será un fracaso si se plantea únicamente sobre los tributos y no se hace una reflexión sobre los gastos. Así, reclama un control del gasto público equivalente al que se impone a los contribuyentes.
Durante el evento se hizo mención a la reforma pendiente del Sistema de Financiación Autonómico, que tiene una importante incidencia sobre dos figuras impositivas: sucesiones y patrimonio. El miembro de AEDAF, Enrique Giménez Reyna, se pregunta si la “consolidación fiscal” de la que se habla desde el Gobierno tiene el único objetivo de “neutralizar la autonomía fiscal que ejerce la Comunidad de Madrid”.
Desde su punto de vista, es deseable no traspasar más competencias a las comunidades autónomas, si bien una reforma en ese sentido debe hacerse “con mesura y coherencia”. A la hora de recaudar, es cierto que esas competencias desembocan en diecisiete sistemas fiscales distintos.
Lo que ocurre con el Impuesto de Sucesiones es prueba de ello. Hay regiones en los que se bonifica parcialmente, en otras se introducen deducciones y, en otras, se llega a “tipos de gravamen que hoy son casi confiscatorios”, explica Fernando Prats, inspector de Hacienda.
En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, ocurre algo similar, aunque solo la Comunidad de Madrid lo bonifica al 100%, es decir, nadie paga ese tributo. No obstante, el impuesto está cedido a las comunidades autónomas. Hay que recordar que es un impuesto que se derogó en España en 2008 hasta que volvió a recuperarse en 2011 sin que ningún Gobierno haya mostrado intención de eliminarlo.
En 2019, este impuesto redujo su recaudación con respecto al año anterior, hasta superar los 1.219 millones de euros. Según Prats, esta cantidad es prueba de la baja recaudación que consigue a cambio de provocar efectos económicos negativos. De hecho, ha sido derogado en una gran parte de países en la Unión Europea en lo que va de siglo.
