Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 no solo se conocerán como alguno de los más expansivos que se recuerdan. También porque el aumento de la recaudación fiscal no llegará solo del esperado repunte del crecimiento, también lo hará de la mano del incremento de la presión fiscal. IMPUESTO DE SOCIEDADES El Gobierno incluye para […]
NacionalDirigentes Digital
| 19 oct 2021
Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 no solo se conocerán como alguno de los más expansivos que se recuerdan. También porque el aumento de la recaudación fiscal no llegará solo del esperado repunte del crecimiento, también lo hará de la mano del incremento de la presión fiscal.
El Gobierno incluye para el año que viene en los Presupuestos un tipo mínimo en el impuesto de Sociedades del 15%, en línea con el acuerdo liderado por la OCDE, pero se adelanta al resto de países, en su implantación. 136 estados prevén hacerlo, pero en 2023, una vez recuperados de la crisis pandémica.
El Ejecutivo espera recaudar 400 millones anuales con esta medida, que, sin embargo, solo se producirá cuando se liquide 2022. La recaudación real del año que viene será inferior a los 50 millones. Afectará a unas 1.000 empresas, aunque reconoce Hacienda el escaso impacto recaudatorio que tendrá y por tanto que habrá cambios en el futuro. De hecho, los técnicos de Hacienda (GESTHA) rebajan esa cantidad a recaudar a 260 millones porque se calcula sobre la base imponible de las grandes sociedades.
El incremento fiscal para los contribuyentes en 2022 no solo se debe a la subida de impuestos. La rebaja de los beneficios fiscales también es una forma indirecta de aumentar la presión fiscal. De ahí que las ventajas sobre los planes de pensiones individuales se queden en la mínima expresión: 1.500 euros al año de los 2.000 anteriores, ya rebajados drásticamente en 2021.
El Gobierno trata de esta forma de fomentar los planes de pensiones privados colectivos, pero castiga el ahorro privado con un instrumento del que, salvo en casos muy determinados y extremos, no se puede recuperar el dinero hasta 2025, diez años después de la primera aportación. En el bolsillo de los ahorradores supondrá un montante de 91 millones perdidos.
El próximo 1 de enero no entrará en vigor el controvertido impuesto sobre los vehículos diésel, pero sí se incrementará el impuesto de Matriculación. Las nuevas tarifas vendrán determinadas por los cambios porcentuales sobre las emisiones de CO2.
Según Sumauto, en dinero supondrá un aumento de 12 euros en una letra mensual en un coche comprado a plazos y dobla la estimación de hace un año. Un incremento que el sector automovilístico considera que será un lastre añadido al bajo nivel de compra en el canal de particulares, que en septiembre bajaba ya en el año un 9,7%, agravado por la escasez de chips.
El efecto para un coche medio de 19.081 euros, según datos de la Agencia Tributaria, con emisiones de 160 g/km de CO2 que antes pagaba un 4,5% ahora pagará en un porcentaje del 9,75. Es decir, pasará de pagar 859 euros por ese concepto a abonar por el impuesto de matriculación 1860 euros.
También habrá aumento de los denominados impuestos especiales sobre el tabaco en torno a un 5,5% que ya anticipa, como están haciendo algunas marcas, un aumento del precio del tabaco. De hecho, un tercio de todo lo recaudado por este concepto, los especiales, provendrá del tabaco, unos 6.880 millones de euros en 2022.
Es una de las sorpresas de la letra pequeña de los PGE 2022. Hablamos de una subida de 8 euros al mes desde el próximo ejercicio, ya que la base de cotización mínima será de 960,60 euros y el tipo será de 30,60%. Esto supondrá de facto un incremento de entre 96 euros y 225 anuales si hablamos de un autónomo societario. Con una cuota que alcanzará, como base mínima, los 294 euros para los más de 1,8 millones de autónomos que cotizan por ella. Y la Seguridad Social recaudará, en conjunto, 173 millones de euros más por este concepto. Todo ello a cuenta de la subida del SMI.
Tal y como ocurre con los planes de pensiones, hay otras bonificaciones fiscales que se reducen drásticamente en los presupuestos del año próximo. Hablamos de las referidas al impuesto de sociedades para empresas que se dedican a arrendar viviendas. Baja del 85 al 40%, un adelanto de la Ley de Vivienda acordada entre el PSOE y Unidas Podemos, pero que ya se incluye en los presupuestos.
