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18 asociaciones en contra de la reducción del límite fiscal de planes de pensiones

Un total de 18 asociaciones empresariales y profesionales han firmado un manifiesto en el que reivindican mantener el actual límite fiscal en los planes de pensiones, en lugar de la rebaja que plantea el Gobierno, ya que "afectará negativamente al conjunto de la ciudadanía y, en especial, a los trabajadores autónomos". El proyecto de Ley […]

Nacional

Dirigentes Digital

24 nov 2020

Un total de 18 asociaciones empresariales y profesionales han firmado un manifiesto en el que reivindican mantener el actual límite fiscal en los planes de pensiones, en lugar de la rebaja que plantea el Gobierno, ya que "afectará negativamente al conjunto de la ciudadanía y, en especial, a los trabajadores autónomos".

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 contempla una rebaja de la aportación máxima de los planes de pensiones individuales y también los del cónyuge con derecho a deducción en el IRPF hasta los 2.000 euros, frente a los 8.000 vigentes en el momento actual.

El documento ha sido apoyado por la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal de capital privado (Ascri), la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), la Asociación Española de Corredurías de Seguros y Reaseguros (Adecose) y la Asociación para la Mediación Aseguradora de Entidades Financieras (Amaef). También se han adherido a la iniciativa la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), la patronal de los empresarios (CEOE) y el Instituto de Estudios Económicos, entre otros.

De este modo, se unen al rechazo expresado con anterioridad por la asociación de autónomos ATA, la patronal del seguro (Unespa) y de inversión (Inverco), que también se han sumado a la firma del manifiesto.

En España se contabilizan más de 7,5 millones de personas con planes de pensiones individuales y casi un millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados por esta medida. Así, critican que "la encomiable intención" del Ejecutivo de impulsar la previsión social complementaria en el ámbito empresarial no debería llevarse a cabo "a costa del ahorro" que destinan por su cuenta los particulares para reforzar su futura pensión.

En este sentido, alegan que la reforma discrimina a la gran mayoría de población ocupada, ya que afectaría especialmente a los más de 3,2 millones de autónomos y a los empleados de las pymes, en los que el ahorro colectivo "apenas está presente". "El sistema individual seguirá siendo necesario e imprescindible para todos aquellos que, como los autónomos o los trabajadores de las pymes, no puedan acceder al sistema de empleo por no estar las reformas desarrolladas", apostillan.

A su juicio, se les debería permitir a todos los trabajadores recuperar su capacidad de ahorro para la jubilación en los años con mayor estabilidad de ingresos. "Los límites anuales de aportaciones a sistemas de previsión social deberían suprimirse en lugar de minorarse y sustituirse por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral", añaden.

Por otro lado, comentan que la medida puede provocar efectos indeseados debido a la cuantía "insuficiente" de ahorro que se podría acumular dentro del sistema individual bajo los nuevos parámetros. Según los cálculos realizados, una persona que destine 2.000 euros por año sin acceso a un plan de empleo, podría acumular 80.000 euros durante 40 años de trayectoria profesional, cantidad que si se prorratea durante los 20 años de esperanza de vida que restan alcanzada la edad de jubilación, da como resultado una cuantía media mensual "insuficiente para complementar la pensión pública".

Por último, aseguran que la medida derivará en una merma de los ingresos fiscales del Estado en el medio y largo plazo, ya que la reducción de la base imponible en el IRPF de las aportaciones se compensa más adelante con la tributación como rendimiento de trabajo de las prestaciones.

"La experiencia internacional debe ser una referencia en la que debe mirarse España. En prácticamente todos los países de la Unión Europea (UE) y de la OCDE existen estímulos fiscales al ahorro y se conceden incentivos fiscales adicionales para la promoción y desarrollo de sistemas de previsión social tanto empresariales como individuales", precisan al tiempo que subrayan que esta "reducción drástica de la fiscalidad de los sistemas individuales en España contravendría la clara tendencia internacional y europea de estimularlos".

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