Las próximas elecciones generales en España serán probablemente los comicios con mayor eco mediático y económico de la democracia. Después de la experiencia vivida en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, las formaciones emergentes como Podemos y Ciudadanos se han convertido en los partidos bisagra, que no se quieren casar con nadie, sino imponer su ideología en forma de pactos.
Lo hemos visto con Ciudadanos, que ha pactado con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid y con el PSOE en la Junta de Andalucía. Ya no se sabe si España tendrá un color azul, rojo, naranja, malva o una mezcla de todos ellos.
Lo que sí está claro, y así lo piden desde los principales organismos internacionales, y lo secundan las empresas españolas, es que a las elecciones generales hay que ir con los deberes hechos. En el editorial de la revista Dirigentes de marzo de 2008 -en vísperas de las elecciones del 9 de marzo de ese mismo año-, ya dejábamos claro cuáles eran los objetivos económicos del país. Y, a juzgar por lo acontecido 7 años después, las prioridades siguen siendo las mismas: "El reto del próximo Ejecutivo será gobernar un país como España, con un horizonte económico, social y empresarial muy complicado".
Por aquel entonces, planteábamos estos objetivos: "Deberá gestionar un país en clara desaceleración económica: con una reducción creciente del consumo de alimentos, bienes y equipos, parón en la construcción y en la venta de viviendas, crecimiento descontrolado en los precios, crecimiento de salarios y pensiones por debajo de la inflación, subida de las hipotecas, aumento del paro, con una gran incertidumbre coyuntural, inmerso en una crisis financiera de confianza en las instituciones bancarias, con caídas en la Bolsa y en los fondos de inversión, con un alto déficit exterior y con la competitividad de nuestras empresas en mínimos históricos".
Y lanzábamos el gran reto: "Sólo un nuevo Gobierno, constituido por gestores eficientes y eficaces, con la suficiente cualificación intelectual y profesional, será capaz de gestionar adecuadamente la crisis en la que nos encontramos inmersos".
Siete años después, seguimos con una deuda (pública y privada) asfixiante que cuatriplica nuestro PIB (4 billones de euros), la competitividad de nuestras empresas no ha crecido como debería, los niveles de paro siguen en el mismo nivel de antaño (ya que lo que se crea es empleo temporal y basura), los salarios están congelados y la hucha de las pensiones se agota. La crisis coyuntural continúa, las instituciones financieras no han recuperado la confianza del consumidor, y las bolsas bailan en función del voto de confianza de unos inversores que se muestran incrédulos sobre la situación real del país.
Aunque las instituciones internacionales auguran un crecimiento del PIB para España que puede llegar al 3% este año, seguimos teniendo frente a nosotros un objetivo claro: unas reformas estructurales y financieras, que sin los responsables adecuados al frente no podremos terminar de impulsar. Para que la recuperación económica sea una realidad en España, es necesario un Gobierno coherente, responsable, que prime los valores del país y las necesidades de los ciudadanos y empresas antes que el beneficio propio. Y eso, visto lo visto, todavía está muy lejos de producirse.
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