El impacto que genera el retraso de los cobros de facturas en el desarrollo y consecuente crecimiento de las empresas en España alcanza a un alto porcentaje en el tejido empresarial, especialmente, en las pequeñas y medianas empresas. La morosidad se ha convertido en un serio problema tal y como refleja el último informe publicado por Intrum, European Payment Report 2023. Sin embargo, no todo el entramado empresarial está al tanto de los derechos que tienen a la hora de reclamar los impagos o tardanzas de sus cobros.

A través de una muestra de 10.556 empresas de diferentes sectores, en la que han participado 800 altos directivos y altos cargos ejecutivos de 29 países diferentes de Europa, tan solo el 46% de las compañías de nuestro país se acogen a medidas legales ante la moratoria de sus impagos, sujetas a la Directiva Europea de Lucha contra la Morosidad (LDP).

Una medida legal europea que protege frente a la morosidad

La LDP se publicaba el 16 de febrero de 2011 por el Boletín Oficial de la Unión Europea, aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Su fin no es otro que garantizar el cobro de las facturas emitidas por las empresas a proveedores y clientes y, aunque actualmente está en revisión, en España el 54% de las empresas encuestadas no aplica esta directiva. Una normativa que ampara a la compañía a la hora de reclamar automáticamente intereses de demora, teniendo el  derecho además de cobrar 40 euros como mínimo de compensación por los gastos de recuperación.

En el contexto europeo, la media de empresas que aplican la LDP es del 47%, un punto porcentual por encima de España. Otros países como Irlanda (68%), República Checa (59%), Rumania y Portugal (52%) se posicionan liderando el uso esta directiva. Por el contrario, Polonia (42%), Eslovaquia (41%) y Francia (39%) son aquellas naciones que menos se acogen a ella.

Las empresas españolas piden una mayor protección

Un 56% de las empresas españolas encuestadas en el informe de Intrum reclaman una revisión de las normas vigentes que les proteja contra la morosidad de los pagadores. Aunque la Comisión Europea ya trabaja sobre una actualización de la LPD con el objetivo de promover un cambio definitivo a favor del “pago sin demora”, lo cierto es que Hacienda registra a 30 de junio de 2023 un total de 6.076 contribuyentes morosos, aunque en este listado se incluyan autónomos, empresas y otro tipo de personas físicas.

Según el estudio, solo el 32% de las empresas españolas cuenta con un código ético que impulse la cultura del “pronto pago”, siendo un dato muy similar a la de la media europea (33%). No obstante, la morosidad es un obstáculo difícil de afrontar por el ecosistema empresarial, por lo que no es de extrañar que ansíen un respaldo mayor por códigos éticos, además de un uso adecuado de las herramientas legales disponibles. Tan solo 3 de cada 10 empresas tienen un código ético diseñado para frenar la morosidad. No solo la ley puede luchar contra este mal tan extendido, sino que también las organizaciones empresariales pueden contribuir a ello desarrollando códigos éticos.