Pequeñas empresas: las grandes desprotegidas ante la Ley de Morosidad

El director de pfs, empresa líder en la creación de softwares destinados al ciclo de vida integral de del crédito en la empresa, hablar con DIRIGENTES sobre la problemática existente en los negocios de menos tamaño. Agustín Rodríguez, pone de manifiesto la desprotección en la que se encuentran pymes y autónomos ante el impago de empresas de mayor tamaño: “si un cliente grande decide que no quiere seguir trabajando contigo, el mercado es libre.”

DIRIGENTES. Resulta paradójico que quienes conforman la inmensa mayoría del tejido empresarial español sean los más perjudicados en gran parte de las ocasiones. La Ley de Morosidad no parece ser la excepción. ¿En qué medida están desamparados pymes y autónomos?

Agustín Rodríguez. Las pymes y los autónomos no solo no tienen los medios y mecanismos para poder controlar adecuadamente su flujo de facturación y cobros, sino que también están desprotegidos por parte de Ley de Morosidad. Esta ley solo indica qué tipo de recargos se pueden hacer a aquel que te paga tarde, y a pesar de que prevé penalizarlos, cortándoles el acceso a subvenciones y deducciones, la realidad es que no hay una manera concreta de reportar que estás sufriendo un abuso o mala praxis por parte de tu cliente deudor.

Como pyme o autónomo, la única opción que tienes es llamar para reclamar. Si tus clientes son recurrentes, su poder de negociación es muy alto y, por tanto, no tienes muchas palancas de las que tirar. Porque, si empiezas a cobrar recargos, intereses y penalizaciones por pagar tarde, ese cliente puede dejar de serlo. No hay una protección para el que es pequeño, porque no tiene suficiente acción de negociación, presupuesto y medios para poder gestionar adecuadamente todo ese proceso. Ni siquiera Hacienda ni otro organismo ayuda a que la Ley se cumpla.

Las grandes empresas tienen la capacidad de invertir y tener los equipos o proveedores necesarios para mitigar una parte de esto. No es que lo tengan mucho mejor, pero por lo menos tienen medios y músculo para solucionarlo. La pyme y el autónomo no tienen ni músculo ni capacidad. El siguiente paso en una reclamación acaba en un procedimiento judicial que tiene unos costes enormes y una probabilidad de cobro muy baja.

Agustín Rodríguez, CEO de pfs

D. El pequeño empresario se encuentra en una situación delicada: 30 días para validar la factura y 60 hasta que cobra por su servicio. ¿Es equiparable teniendo en cuenta el tamaño y consecuente situación entre una gran compañía y una pyme?

A.R. La realidad es que es una regla de café para todos. De hecho, no solo es que se estipulen los mismos días para cobrar para una gran compañía que para una pequeña, sino que los clientes de la pyme y el autónomo suelen ser los que más tardan en pagar. Con lo cual tienen que soportar que se llegue al límite de los 60 días o incluso se retrase el pago, sin ningún tercero que les ayude a evitarlo.

D. La pequeña empresa soporta, además, la presión de que la grande estudie prescindir de sus servicios ante un reclamo de pago. ¿Cómo se pueden amparar legalmente?

A.R. Ahora mismo no existen mecanismos para protegerse ante este problema, si un cliente grande decide que no quiere seguir trabajando contigo, el mercado es libre. Si detrás lo que hay es que estaba pagando tarde, es difícil de demostrar, el cliente siempre podrá decir que ha encontrado otro proveedor, con lo cual no hay protección.

D. Lo que para unos puede ser un simple aplazamiento de una factura para otros puede significar la continuidad de la empresa. ¿Opina que es una medida hecha para empresas con un mayor capital?

A.R. La medida está diseñada con una visión simplista. La Ley de Morosidad es igual para todos. De la misma manera que para pedir una deducción o hacer una gestión con Hacienda existen muchas opciones dependiendo de varios parámetros, en este caso todo el mundo juega con las mismas reglas en cuanto a márgenes de pago e intereses moratorios. Por tanto, no es que beneficie a las empresas grandes frente a las pequeñas, está igual de mal diseñada para todas, pero en concreto, a las pequeñas les afecta más.

D. ¿Considera que es una ley con demasiados vacíos legales?

A.R. Totalmente: no está bien desarrollado cómo se instrumenta, cuál es el organismo responsable de la vigilancia o cómo se pueden reportar los nombres de las empresas que no pagan a tiempo, para que, en consecuencia, tengan un problema con subvenciones y deducciones. A efectos prácticos, la Ley de Morosidad no está siendo útil, solo la emplean los proveedores de la Administración Pública contra la Administración Pública, porque si se retrasan, va a pagar los intereses moratorios y, al ser pública, pagarán dichos costes indemnizatorios.

D. Su compañía, pfs, crea soluciones tecnológicas para el ciclo de crédito, incluida las gestiones para la recuperación de deudas. ¿Cuentan con clientes de estas características?

A.R. Nuestras soluciones dan una cobertura amplia a todo el proceso de facturación, pago, cobro y crédito, trabajamos tanto para grandes compañías del sector financiero y no financieras, como para compañías de tamaño mediano y pequeño que necesitan ayuda en la gestión de los cobros. Además, tenemos una gran experiencia en ayudar a las compañías a cobrar y recobrar, recuperar el IVA de las facturas impagadas y la gestión de la reclamación judicial de la deuda.

D. A pesar de ser una ley creada para luchar contra el abuso del deudor al acreedor, ¿diría que ha aumentado la morosidad contra pymes y autónomos? 

A.R. La morosidad entre negocios está en aumento por el incremento de costes debido a la inflación y la subida de tipos de interés. Cuando en el mercado suben los costes y hay menos liquidez, es cuando aumentan los impagos. Cuando llega el momento de más crecimiento, más facilidad de crédito y liquidez, disminuye. Según los últimos estudios, los impagos están creciendo y la Ley de Morosidad no está generando ningún impacto, es como si no existiera, es inocua. Como mucho, algunas empresas que trabajan para la Administración Pública están cobrando un extra en intereses moratorios.