La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha implementado en su modus operandi la geolocalización de los teléfonos móviles de los contribuyentes como medida contra el fraude fiscal acogiéndose a la ‘Tasa Google’ o a la ‘Tasa Tobin’. Por vía Bluetooth, GPS o WiFi, Hacienda podrá localizar la situación exacta de los ciudadanos españoles y […]
Impuestos y normativasDirigentes Digital
| 11 jul 2022
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha implementado en su modus operandi la geolocalización de los teléfonos móviles de los contribuyentes como medida contra el fraude fiscal acogiéndose a la ‘Tasa Google’ o a la ‘Tasa Tobin’. Por vía Bluetooth, GPS o WiFi, Hacienda podrá localizar la situación exacta de los ciudadanos españoles y de manera legal, ya que se aparan bajo la legitimidad de ambos impuestos tecnológicos.
En octubre de 2020, PSOE y Podemos aprobaban ambas tasas bajo la Ley 4/2020 del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (ICAB). En 2021, el impuesto digital ya era efectivo y compañías del tamaño de Google, comenzaban a facturar impuestos para el Estado. Un gravamen del 3% sobre los ingresos procedentes de la publicidad online generada en nuestro país para aquellas empresas con ingresos globales superiores a 750 millones, de los cuales al menos, 3 millones sean en España.
No se trata, por tanto, de una tasa que afecte directamente al ciudadano español en lo referente a tributación. Sin embargo, sí que lo hace en lo que a la privacidad del ciudadano se refiere. La tasa Google implica la localización de los usuarios como método de comprobación frente a los gigantes tecnológicos, para cerciorarse de que están tributando en el país.
Tal y como redacta la ley, “Se presumirá que un determinado dispositivo de un usuario se encuentra en el lugar que se determine conforme a la dirección IP del mismo, salvo que pueda concluirse que dicho lugar es otro diferente mediante la utilización de otros medios de prueba admisibles en derecho, en particular, la utilización de otros instrumentos de geolocalización.”
La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) consideraba un método de difícil aplicación, además de un exceso de información para la privacidad de usuarios. En el primer año de su implementación, la Agencia Tributaria tan solo interceptó operaciones por valor de 8.000 millones de euros en más de 200 plataformas digitales.
El funcionamiento consiste en enviar los datos registrados en las compras de los clientes, geolocalizados a través de sus dispositivos móviles, y enviárselos a Hacienda. Si dicha transacción se produce dentro del territorio español, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, reclama su porcentaje correspondiente.
La amplitud de sectores que abarca la ley ICAB va desde aplicaciones de comida rápida a domicilio hasta grandes firmas de retail. Aunque el fisco haya apostado por este tributo, habiendo pasado por alto incluso lo políticamente correcto, desde su implementación tan solo se han recaudado un 25% de las expectativas que se tenían puestas desde el Ejecutivo, lo equiparable a unos 240 millones de euros.
Cruzar ciertos límites de la intimidad personal parece no ser un problema para ciertos gobiernos. Aplicar semejante control sobre el ciudadano, hasta el punto de conocer dónde, cómo y cuándo ha tenido lugar la compra asume una violación de la privacidad, aunque sea con fines regulatorios.
Sin embargo, ello no ha impedido que otros gobiernos regionales sigan el ejemplo y estén estudiando ensayos legales para proteger a sus propias economías. Un claro ejemplo lo tenemos con la obligación de emitir tickets digitales en tiempo real a Hacienda. Una medida que por ley se le exige a cualquier tipo de comercio o sociedad, independientemente de su tamaño, y cuyo límite de tiempo para establecerlo en todos las empresas y sociedades españolas es de dos años.
El porcentaje de uso de móviles entre los ciudadanos son tan elevados, que incluso Sanidad ha aplicado un seguimiento de ellos para confirmar la veracidad de los datos aportados, por ejemplo, durante los meses del confinamiento Covid más extremos.
Por más que diferentes asociaciones de consumidores y patronales denuncien este modo de investigación ciudadana, cada vez es más frecuente. Nuevas medidas que en la mayoría de los casos se pasan por alto, por desconocimiento o desinformación, pero que llevan al usuario a aceptarlas de manera casi automática, dando su consentimiento para ser espiados legalmente por el Gobierno.
