Los expertos alertan que la reforma de las Socimis podría convertir a España en "territorio prohibido" para los inversores internacionales.
Dirigentes Digital
| 19 nov 2024
El Gobierno ha puesto a las Socimis en el punto de mira en su nuevo paquete de medidas fiscales. Un paquete que podría no salir adelante debido al enfrentamiento existente entre los actuales socios de Gobierno. Eso sí, en caso de no aprobarse antes de finalizar el año, España sufriría un retraso en el quinto pago de los fondos europeos, que está dotado con 7.200 millones de euros.
El Ejecutivo está negociando diversas reformas fiscales de cara al 2025. Entre ellas se encuentra el hacer permanente el impuesto extraordinario sobre los beneficios de la banca y de las compañías eléctricas. Ambos tributos son los que más fricción están generando entre el bloque más conservador, liderado por Junts per Catalunya y el PNV, y el bloque más progresista.
Sin embargo, más allá de estas medidas, se encuentra otra que afecta de lleno a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis). A petición del partido Sumar, estas sociedades pasarían de tributar al 1% en el Impuesto de Sociedades a hacerlo sobre el 25%, que es el tipo general.
El problema radica en que la actual norma nacional establece que, siempre y cuando, estas sociedades repartan el 80% de sus beneficios entre los accionistas, no tributarían por Sociedades. Algo que ahora se quiere eliminar.
Realmente, las Socimis es una transposición española a los REITs, que cuentan con fiscalidades similares en el resto de países. Estas sociedades fueron creadas en Estados Unidos durante los años 60 para que los inversores minoristas tuvieran acceso al mercado inmobiliario sin tener que desembolsar grandes cantidades de dinero comprando un piso.
Las Socimis, en el caso español, deben destinar la mayor parte de su negocio a la compra y gestión de propiedades inmobiliarias. Unas propiedades que, en su mayoría suelen ser oficinas, en el caso de las Socimis más grandes. En cualquier caso, las sociedades compran, alquilan y gestionan estas propiedades y reparten, al menos el 80%, los beneficios entre los accionistas.
Así, una persona que posea una acción de una de las Socimis, recibe un pago en forma de diviendo por el reparto de las rentas de alquiler obtenidas. Es decir, estos beneficios no se quedan en la sociedad, sino que se reparten entre los inversores. De tributar al 25%, la cantidad recibida por los mismos mermaría de forma considerable, así como el margen que se queda la Socimi para invertir en el inmobiliario y seguir creciendo y desarrollando proyectos.
Por el momento, el estado en el que se encuentra esta medida es estancado o en fase de negociación. No es una norma, por tanto, que vaya a entrar en vigor de cara al 2025 o 2026, sino que está debatiéndose dentro de un paquete de medidas fiscales que plantea aplicar el Ejecutivo.
Actualmente, existen más de 116 Socimis en el mercado español, que capitalizan 24.000 millones de euros. La mayoría de ellas, más que enfocarse en el residencial, tienen el foco en la compra y construcción de edificios de oficinas, naves logísticas, centros comerciales, hoteles, residencias de estudiantes o centros de datos. Por tanto, esta medida podría frenar la inversión en esta tipología inmobiliaria.
Hasta ahora, los principales actores del mercado han señalado que cambiar el régimen de tributación tendría unas malas repercusiones. El propio presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ha afirmado que: “existe el riesgo de que, si el cambio es muy brusco o muy intenso, esas socimi decidan deslocalizarse y cotizar en otros mercados”. Algo que ya hizo Ferrovial anteriormente con su marcha a los Países Bajos.
El presidente de Colonial, Juan José Brugera, también se ha querido pronunciar alertando de que esta medida es “muy grave” y que convertiría a España en “territorio prohibido para los inversores internacionales por la inseguridad jurídica que genera.
Desde la Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI), mencionan que estas medidas podrían suponer una perdida de 15.000 millones de euros en inversión que desde 2014 se han realizado en el sector.
