La próxima legislatura de la Unión Europea servirá para terminar de adoptar normativas que amplíen los servicios de pago, mejoren la protección del inversor, regulen el uso de los criptoactivos o adapten la operativa digital al entorno actual.
Funds&Markets
| 10 jun 2024
Este próximo 9 de junio se celebran elecciones al Parlamento Europeo para elegir a los eurodiputados que, junto a los representantes de los gobiernos de los países de la UE, dan forma y deciden nuevas leyes que influyen en todos los aspectos de la vida en la Unión Europea, incluidos todos los que tienen que ver con la regulación que afecta a la industria financiera. Además, el Parlamento aprueba el presupuesto de la UE, controla cómo se gasta el dinero y elige al presidente de la Comisión Europea, nombra a sus comisarios (como Colegio) y les obliga a rendir cuentas.
Sin duda, la renovación del Parlamento Europeo y la nueva mayoría que se configure fruto de estas elecciones, puede influir en la agenda que establecerán las nuevas autoridades europeas, aunque se espera que mantengan una línea continuista en sus actividades en el ámbito de la regulación financiera.
Con motivo de la celebración de estos comicios, AEFI (Asociación Española de FinTech e InsurTech) ha elaborado un documento en el que analiza cuáles serán algunas de las regulaciones más relevantes que terminarán de discutirse, ver la luz y desarrollarse para su aplicación directa o transposición en los países de la Unión a lo largo de la próxima legislatura, y cómo afectan tanto a las entidades del ecosistema como a los usuarios finales.
Las monedas digitales del banco central (Central Bank Digital Currency, CBDCs) se presentan como una solución para evitar la extinción del dinero público y acelerar la inclusión e innovación financiera, pero su introducción plantea un desafío mayúsculo para la economía política internacional, sobre todo si varios países deciden lanzar a la vez.
Aunque la Comisión Europea adoptó las propuestas a la vez, el reglamento de euro digital está en una fase menos avanzada que la nueva regulación de pagos. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) llevan desde 2021 trabajando en el diseño y viabilidad del euro digital, pero ahora es el turno de los colegisladores.
Los próximos pasos son la adopción por parte del Parlamento Europeo y el Consejo de una posición preliminar de cara a su negociación en trílogos y por el momento no hay un consenso que permita avanzar en la tramitación. Sin duda, sacar adelante el marco de euro digital será uno de los retos principales en regulación financiera del arranque de la nueva legislatura. Tras la definición de las características principales de un potencial euro digital, será el BCE el que lidere la tarea de la definición de los aspectos más técnicos sobre su desarrollo. El conjunto del proceso puede alargarse varios años.
La introducción del euro digital para uso minorista podría conllevar cambios de calado en el funcionamiento del sistema financiero, concretamente en las infraestructuras y el sistema de pagos.
En mayo de 2023, la Comisión Europea adoptó un paquete de medidas dirigido a fomentar la protección del inversor minorista, conocido como Estrategia de Inversión Minorista, o Retail Investment Strategy (RIS). Aunque el Parlamento Europeo en el último Pleno de la legislatura dio luz verde a su posición inicial y a la negociación en trílogos, el proceso que ahora queda en stand by por las elecciones y el previsible cambio en la composición de la cámara obligará a retomar parte de las conversaciones de un paquete que por el momento no ha alcanzado un consenso político y en la industria general. Todo ello sin contar con el necesario posicionamiento del Consejo de la UE y la negociación en trílogos, por lo que es previsible un retraso en la puesta en marcha de esta regulación.
Cabe recordar que una vez entre en vigor la RIS, en principio hay previstos 18 meses para su aplicación, siendo necesaria la transposición de la Directiva a las diferentes regulaciones nacionales de los Estados miembros en los primeros 12 meses.
En marzo de 2021 entraba en vigor un nuevo reglamento sobre la transparencia de la información en materia de sostenibilidad para los productos financieros, el denominado Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, SFDR, Reg. UE 2019/2088).
Esta normativa, que afecta a todas las entidades financieras que comercializan productos de inversión en cualquier país de la zona euro, tiene el objetivo de que las entidades cataloguen sus productos financieros de inversión, como los fondos, dentro del nivel de sostenibilidad que corresponda en base a los criterios establecidos. Es decir, hacer más comprensible el perfil de sostenibilidad a través de normas específicas que establecen qué y cómo se debe comunicar en este sentido.
En diciembre de 2023, la Comisión sometió a consulta la Directiva SFDR barajando dos diferentes alternativas. Por un lado, la liberación de la clasificación de fondos para las gestoras, por lo que la Comisión se alejaría del marco actual y la inversión sostenible versaría en la justificación de estrategias de inversión y la búsqueda de la transformación sostenible financiera de las empresas y, por otra parte, se optaría por el mantenimiento de las clasificaciones actuales con un abundamiento de criterios de mínimos para delimitar las tipologías de fondos. A la espera de la reforma de esta regulación, la proposición de nuevas categorías impacta de manera directa en el diseño de los productos financieros.
