Este Gobierno del Partido Popular ha adoptado muchas medidas económicas polémicas, pero quizá una de las que menos sentido ha tenido fue la amnistía fiscal de 2012. Ni se consiguió aflorar todo el dinero previsto, ni parece que se ha tratado de un proceso estanco lo que podría desincentivar en futuros procesos. Sin ningún estudio detrás que lo sustentara, el ministerio de Montoro aseguró en su momento que esperaban que se destaparan 2.500 millones de euros. El resultado final de lo aflorado fue la mitad: 1.191 millones de euros.
Desde Hacienda se justificó la decisión de orquestar este proceso por la necesidad de incrementar las bases imponibles, que se habían reducido debido a la crisis económica. Montoro explicaba que como España no crecía y había que incrementar los ingresos, la solución para recaudar más pasaba por incrementar la cantidad sobre la que se imponían estos impuestos. Así, la amnistía fiscal sería la fórmula perfecta para que aflorara capital y en los años sucesivos este pagara sus impuestos preceptivos.
Sin embargo, las críticas arreciaron desde varios frentes. Los inspectores de Hacienda del Estado se mostraron críticos ante un proceso que podía acabar con la conciencia fiscal. La amnistía fiscal consistía en la posibilidad de presentar una Declaración Tributaria Especial (modelo 750), en la que pagando el 10% del valor de adquisición en el que se hayan materializado rentas no declaradas al Fisco, se queda exento de pagar los impuestos defraudados. Este porcentaje es menor que en el caso, por ejemplo, de presentar una declaración complementaria (un 20%) porque el contribuyente tenga determinadas rentas por las que no ha pagado impuestos y crea que Hacienda puede detectar.
Este colectivo, incluso aseguró que los resultados recaudados en realidad eran menores que los anunciados y cifraban el resultado neto de esta amnistía fiscal para Hacienda en 800 millones de euros. Justificaban esta reducción debido a que ese año las declaraciones complementarias se redujeron en unos 287 millones de euros. La razón: era más barato acogerse a la amnistía fiscal que realizar una declaración complementaria.
Desde el Gobierno se justificaba esta tercera amnistía de la democracia española asegurando que en otros países también se hacía. De esta forma, ponían como ejemplo la realizada por el Gobierno italiano de Silvio Berlusconi en la que se consiguió aflorar 5.000 millones de euros. A pesar de estas justificaciones, y como suele ocurrir en política, el partido en el poder había estado claramente en contra de una medida similar a esta cuando se encontraba en la oposición. Así, Mariano Rajoy había dicho en 2010 que sería "la última ocurrencia" para ellos.
Ahora, con la filtración sobre la investigación de Rodrigo Rato y que existen otras 704 personas investigadas por el Sepblanc (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales) pone de manifiesto que ni siquiera se trató de un proceso estanco. Con lo cual, ni se consiguió que aflorara el capital previsto, ni se ha creado una conciencia fiscal en España y en el caso de que posteriormente se trate de usar esta herramienta es posible que dado lo ocurrido poca gente se quiera adherir a ella.
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