Las doce campanadas despidieron al 2020 como uno de los años que peor recuerdo dejan en el imaginario colectivo, pero bastó con despertar el día 1 de enero para comprobar que todo lo malo que trajo el año no se extinguió al tragar la última uva. Persisten gran parte de los problemas que se iniciaron […]
Dirigentes Digital
| 20 ene 2021
Las doce campanadas despidieron al 2020 como uno de los años que peor recuerdo dejan en el imaginario colectivo, pero bastó con despertar el día 1 de enero para comprobar que todo lo malo que trajo el año no se extinguió al tragar la última uva.
Persisten gran parte de los problemas que se iniciaron en los primeros meses del año pasado, si bien es cierto que hay diferentes asuntos que hacen pensar que 2021 ayudará a recuperar parte de la normalidad perdida. No obstante, existen otras materias que ahondarán la crisis o, al menos, mantendrán la incertidumbre.
Si por algo se ha definido la acción de los organismos públicos durante 2020 es por la decidida respuesta frente a la crisis. Desde los bancos centrales hasta los gobiernos nacionales, todos los responsables políticos han apostado por dar fuelle a la economía y a los hogares en un momento en que las empresas temían convertirse en ceniza.
Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) han destacado entre las medidas de salvaguarda de las empresas. Funcionaron como un cinturón de seguridad cuando toda la actividad frenó en seco. En su momento álgido, 3,3 millones de trabajadores cobraron una prestación por encontrarse dentro de un ERTE, una cifra que se ha reducido a 2,5 millones según los últimos datos del Ministerio de Trabajo.
Este mecanismo ha permitido que estos trabajadores cuenten con una prestación sin necesidad de consumir su prestación por desempleo, además de reducir las cuotas que las empresas tienen que abonar a la Seguridad Social. De este modo, el gasto público en estas prestaciones supera los 13.000 millones de euros.
No obstante, el Gobierno y los agentes sociales se han visto obligados a pactar ‘in extremis’ varias prórrogas de dicha herramienta. Las empresas han batallado para extender este mecanismo durante más tiempo y reducir las cotizaciones sociales y, por su parte, el Gobierno ha tratado de abaratar la factura. Hasta el momento, ambas partes han estado de acuerdo en prorrogar la posibilidad de acogerse a un ERTE, aunque han mostrado sus diferencias. El 31 de enero cumplía el plazo en el que se agotaría esa posibilidad, lo que, en opinión de las empresas, genera una elevada incertidumbre. El Diálogo Social ya ha conseguido acordar una nueva prórroga que hará posible el uso de los ERTE hasta el 31 de mayo.
El turismo, la hostelería y demás actividades adyacentes han sufrido con dureza el impacto de la crisis. La movilidad es la cualidad que utiliza el virus para sobrevivir y seguir contagiando, por lo que, desde el primer momento, los diferentes países cerraron sus fronteras y trataron de controlar con ahínco quién entraba y quién salía.
En el mes de diciembre se descubrió en Reino Unido una nueva variante que es más contagiosa que el coronavirus que ya conocíamos, por lo que la primera reacción en el ámbito internacional fue suspender los vuelos con ese país. La consecuencia es que la incertidumbre a la hora de viajar golpea al turismo que, de hecho, es uno de los sectores insignia de la economía española, con más de 80 millones de turistas recibidos en 2019 y con una aportación a la economía española que ronda el 12,4%.
En lo que respecta al empleo, la aportación roza el 13% del total. Las estimaciones de las pérdidas se empeñan en mostrar un panorama cada vez más oscuro para el sector, que verá reducidos los visitantes y los ingresos por primera vez en muchos años. La Mesa del Turismo estima las pérdidas en 135.000 millones de euros. Por ello, la patronal turística pide ayudas que compensen las pérdidas como una manera de reducir futuros gastos en prestaciones por desempleo y ERTEs.
Este 1 de enero de 2021 se ha consumado la salida de Reino Unido de la Unión Europea tras el periodo de transición que se extendió desde el pasado 31 de enero de 2020. Después de una eternidad saliendo de Europa y de varios fracasos políticos, Boris Johnson será quien pilote las nuevas reglas de Reino Unido en sus relaciones con el Viejo Continente.
España ha de estar atenta a las negociaciones que mantengan Bruselas y Londres. No en vano, las empresas españolas exportaron mercancías por valor de 22.020 millones de dólares en 2019, lo que equivale a un 3,1% del PIB español. De ese modo, España ocupa el séptimo lugar entre los principales socios comerciales de Reino Unido.
La industria automovilística, así como la farmacéutica, la energía o las manufacturas de consumo representan las actividades más interesadas en el nuevo rol que jugarán las exportaciones, si bien a ambos países les interesa mantener buenas relaciones comerciales.
También el sector turístico enfrentará un nuevo reto, por si no tuviera suficiente con la pandemia. Los británicos son los más numerosos entre los turistas extranjeros y, con el brexit, desaparece su status de socios comunitarios, con la ventaja de la libre circulación, por lo que se añadirá una traba más a las ya dolientes empresas turísticas.
