Si no tenía suficiente Rato sobre sus espaldas con la gestión calamitosa en Bankia y todos los escándalos que arropó bajo su presidencia, al ex vicepresidente del Gobierno en la época de Aznar le ha estallado un problema todavía más grande si cabe. Las nuevas acusaciones que pesan sobre él de fraude, blanqueo, tráfico de divisas y alzamiento de bienes vilipendia aún más su figura pública. A nadie se les escapa que la nueva investigación tiene un gran impacto político, en un momento donde el Partido Popular se juega las elecciones autonómicas, después de un varapalo en Andalucía y una crisis interna que ha puesto en entredicho el liderazgo de Rajoy , que pueden ser decisivas para las generales de final de año.
Rato que había sido todo en el Partido Popular y convertido en mito, cuando abandonó la primera línea de la política. Pero el que fuera el flamante director gerente de la FMI ya había sido repudiado por su partido tras los escándalos que destaparon de Bankia bajo su presidencia, con la retirada de militancia, con críticas públicas y enterrado para el partido. A pesar de ello, la nueva convulsión relaciona a Rato directamente con la corrupción y de nuevo con el PP al acogerse a la amnistía fiscal aprobada por el actual Gobierno en 2012. Pero, por qué desata en estos momentos toda la maquinaria judicial.
El pasado miércoles Voz Populi daba la exclusiva que Rato se había acogido a la regularización fiscal abierta por Montoro, pero lo verdaderamente preocupante era que además el Sepblac, Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetaria dependiente del Ministerio de Economía, estaba investigando el origen de la fortuna que regularizó. Además el medio seguía insistiendo en que el ex vicepresidente estaba comenzando a liquidar sociedades suyas radicadas en el extranjero con lazos en paraísos fiscales.
El Sepblac confirmó la noticia y enviaron a la Fiscalía de Madrid toda la información recopilada sobre rato alertando sobre los movimientos en las sociedades de Rato. La Fiscalía ante la posibilidad de borrar o modificar pruebas pidió al Juzgado número 35 de Madrid medidas cautelares para evitarlo.
Enrique de la Hoz, magistrado titular del juzgado, tramitó la demanda la mañana de ayer jueves para el registro inmediato del domicilio y oficinas de Rato. Las prisas del fiscal se pueden explicar por uno de los delitos de los que son acusado el artífice del milagro económico, el alzamiento de bienes, es decir, ocultar su patrimonio ante posibles actuaciones para confiscarlo. No hay que olvidar que Rato ha pagado tres millones de euros de fianza por las tarjetas black y forma parte de los 800 millones de fianza civil impuesta por el juez Andreu por el caso Bankia. La entidad ha pagado el importe íntegro de la fianza, pero ha iniciado diligencias para que Rato y el resto de ex consejeros de Bankia respondan con su patrimonio.
Los negocios privados, bajo sospecha
A pesar de que las investigaciones de la causa se encuentran secretas, la denuncia del Fiscal apunta a un entramado de empresas familiares radicadas en el exterior y vinculadas con paraísos fiscales, que habían recibido órdenes de ser liquidadas. Se desconoce aún cuánto patrimonio regularizó en la amnistía y la investigación tendrá que decir a cuánto asciende su fortuna y su origen.
Las teorías sobre el patrimonio de Rato se reflejan en el caso Pujol. El ex president de la Generalatit explicó los millones que mantenía la familia en el exterior procedía de una herencia de su padre. Teniendo en cuenta los antecedentes familiares de ex gerente del FMI, se explicaría parte del dinero oculto. Su padre Ramón dirigía en los años 60 Banco de Siero y Banco de Murciacuando fue detenido por evasión de capitales utilizándolos para evadir divisas a Suiza. A Rato hijo también se le acusa de tráfico de divisas. Y tres de sus hermanos les salpicó el escándalo de Gescartera y HSBC cuando era ministro de Economía.
Tras su marcha del FMI como director gerente, es fichado por el banco de inversión Lazard, donde en apenas tres años recibió una remuneración de 8 millones de euros, antes de tomar el mando de Bankia. También ha estado en nómina como consejero externo de Santander, Telefónica y CaixaBank. La imputación en las tarjetas black fue su sentencia para que estas compañías terminaran con la relación laboral.
Desde Gestha (el sindicato de técnicos de Hacienda) centran los presuntos delitos durante su etapa como gerente del FMI. La amnistía, aprobada en 2012, permitía declarar rentas y bienes de los años 2008, 2009 y 2010, por lo que el blanqueo se tuvo que producir antes y teniendo en cuenta que este tipo de delito prescribe en diez años, la actividad ilegal se desarrolló mientras estuvo dirigiendo el FMI, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.
Chivo expiatorio
Con los pocos medios que ha hablado Rato en las últimas 48 horas ha declarado que comunicó al Gobierno que se había acogido a la amnistía fiscal. En esos momentos, cuando más de 30.000 evasores regularización a través de la Declaración Tributaria Excepcional no saltaron las alarmas. Pero sí lo hicieron dos años después cuando la declaración del ex ministro de Economía no casaban con el período extraordinario que abrió Hacienda y con la posterior declaración de bienes y derechos en el exterior, la denominada Declaración 720.
Tal como confirmó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la Agencia Tributaria hace meses que estaba investigando el patrimonio de Rodrigo Rato, pero no fue hasta el pasado mes de febrero cuando remitieron sus informes al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) junto a la información de otros 704 contribuyentes que se acogieron a la amnistía y que mostraban indicios de delitos financieros, a la vez que eran "personas con exposición pública".
Varias fuentes consultadas cercanas a procesos judiciales por delitos financieros coinciden en señalar que les sorprende la rapidez de actuación de la Agencia Tributaria y que no hayan intervenido la Fiscalía Anticorrupción. Muchas voces cercanas al Partido Popular apuntan que Rato es el perfecto "chivo expiatorio" en el momento electoral que se encuentra la política española, para dar ejemplo de lucha contra la corrupción. "A Hacienda no le debe preocuparle lo más mínimo los nombres y apellidos, ni la relevancia social, ni el poder político, ni la afiliación política de los investigados", dijo Montoro cuando se conoció la detención y el registro a Rato. Pero Rato para el PP hace tiempo que no tiene ni color ni poder político, ni tan si quiera nombre y apellidos, para aquel que era vitoreado en las convenciones populares.
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