Las explicaciones que ofrecieron algunos de los ex directivos de Caja Madrid que se beneficiaron del uso de tarjetas opacas que no tributaban a Hacienda apuntan que la práctica era generalizada en el resto de cajas de ahorro de otras Comunidades Autonómas. Ante estas sospechas, UPyD ha pedido a la Fiscalía que investigue si se ha producido esta práctica en la CAN, hoy integrada en CaixaBank.
El líder de la formación en Navarra, Miguel Zarranz, ha explicado que "los principales imputados por las tarjetas opacas de Caja Madrid en sede judicial comentaron tanto al juez como a nuestro abogado que el tema de las tarjetas era una práctica extendida y común en el resto de las cajas donde los políticos tenían una gran intervención".
Desde el partido indican que es un rumor muy extendido en la clase política que ha pertenecido al consejo y que hasta ahora nadie lo había desmentido. El ex presidente de Navarra, Miguel Sanz, que formó parte del consejo ha declarado recientemente que "no ha habido, ni en los consejos de administración ni en los organos de gobierno de la entidad ha habido tarjetas ni negras ni blancas ni nada, no ha habido ninguna tarjeta opacas, ninguna; ha habido tarjetas contra nuestras cuentas personales, y punto".
Pese a la contundencia de sus declaraciones, la prensa local ha desvelado que la entidad pagó más de 1,3 millones de euros durante cinco años en inflar las dietas de los consejeros de la CAN por asistir a conferencias como ponentes o asistentes, según informa el Diario de Navarra.
Las cantidades percibidas por estas asistencias variaban entre un mínimo del 25% y eran incluso un 60% más de las dietas por asistencia a las sesiones ordinarias de los diferentes órganos de la entidad de ahorro.
Entre los ex consejeros que cobraron estas dietas figura la actual la presidenta de Navarra, la popular Yolanda Barcina, que percibió 71.800 euros entre 2007 y 2011. El ex presidente, Miguel Sanz cobró 71.000 euros y el ex presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiáin, 64.100 euros.
Caja Navarra se fusionó en 2010 con Cajasol, CajaCanarias y Caja de Burgos en Banca Cívica. Posteriormente, la nueva entidad recibió 1.000 millones por parte del Estado para garantizar su viabilidad antes de ser absorbida por CaixaBank.
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