El impuesto a la banca amenaza con lastrar la competitividad fiscal del sector

El impuesto a la banca, que está previsto que entre en vigor el 1 de enero tras su aprobación por parte del Congreso de los Diputados, ha provocado las críticas del sector. Este tributo prevé un tipo impositivo del 4,8% aplicado al margen de los intereses y las comisiones y está diseñado para aumentar la recaudación debido al aumento de beneficios experimentado por las últimas subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE).

En este contexto, Price Waterhouse Coopers (PwC) ha publicado esta semana un informe en el que se revela la contribución tributaria del sector a las arcas públicas, así como la presión fiscal que soporta en comparación con los principales países de nuestro entrono, con datos de 2021. El estudio analiza los impuestos, tanto soportados como recaudados, en Alemania, Francia, Países Bajos e Italia.

Uno de los datos más reveladores es que en España, la contribución tributaria asciende al 53,4%, dato superior al resto de estados, con excepción de Francia (53,7%). Hay que aclarar que estos datos no reflejan el nuevo impuesto a la banca que, si se aplicara a los datos del informe, aumentaría la tasa impositiva total, que mide la totalidad de impuestos satisfechos a las diferentes Administraciones como consecuencia de la actividad económica de los principales grupos bancarios en España, en el 63,1%. Esto situaría a los bancos nacionales con una desventaja competitiva de 10 puntos (en cuanto a la carga fiscal) con respecto a los franceses y más de 15 puntos si se compara con Italia, Países bajos y Alemania.

Estos datos se traducen en que más de la mitad de los beneficios antes de impuestos van destinados al pago de impuestos soportados y que el 42% de estos son de tributos específicos del sector: el IVA soportado no deducible (25%), el tipo incrementado de Sociedades (4%), el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (8%) y el Impuesto sobre los Depósitos Bancarios (5%).

Por último, el estudio cuantifica la cantidad de trabajadores empleados por los principales grupos del sector. Son 135.000 personas con un salario bruto medio de 65.707 euros, de los que solo el 56% acaba en el bolsillo del trabajador (44.596 euros). En total, estas entidades abonaron un 1,8% de los tributos asociados al empleo en el país (4.798 millones de euros).