El próximo 30 de junio cumple el plazo para que la Ley de la Cadena del Transporte vea la luz tal y como se acordó durante las negociaciones de diciembre de 2021 y del pasado marzo por parte del Ejecutivo y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC). Hecho que desde los principales representantes del transporte ven imposible, amenazando así con volver a implantar la tónica de parones provenientes del pequeño transportista.

Las negociaciones perduran tras la reunión de principios de semana mantenida por la patronal del transporte con los representantes del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Todo apunta que el Gobierno se compromete a tener un borrador oficial el 31 de julio, tal y como se asegurado desde la CNTC, aunque exista aún demasiado escepticismo por parte de los principales protagonistas.

La Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte es una de las grandes preocupaciones debido a su historial como principal convocante de las protestas anteriores de los sectores del transporte de menor tamaño. No se trata de una simple teoría puesto que, tras la reunión mantenida la pasada semana con los representantes políticos, la entidad sindical aseguraba no haber obtenido garantías de ningún tipo con respecto a la entrada en vigor de la nueva ley de cadena alimentaria al transporte de mercancías por carretera.

Consecuencias extremas de reanudarse las protestas de transporte

De no cumplirse lo estipulado en las negociaciones, que el transportista se beneficie de igual manera o superior por sus servicios a costes efectivos, las huelgas de transportes volverían a tomar la red de carreteras española, ocasionando nuevamente unas pérdidas demasiado costosas para el propio gremio, con su consecuente efecto dominó en la sociedad. No obstante, no será hasta el próximo 26 de junio cuando la asociación vote el retorno a los paros durante el próximo mes o no.

Es prácticamente imposible que con tan poco margen de tiempo se pueda aprobar una ley aún tan poco detallada. Pero, de reanudarse las protestas de los pequeños transportistas, estaría suponiendo un alto riesgo, social y económico.

El temor a nuevos actos vandálicos por parte de las empresas de transporte, sumado al miedo de las empresas de alimentación a asumir de nuevo pérdidas irreparables, sería la principal preocupación por parte de los protagonistas primarios. Las consecuencias económicas fueron millonarias durante todo el tiempo que duraron las protestas y no solo el sector de la distribución y el sector primario, sino de todo el conjunto de la economía española.

Nuevas ayudas al combustible

Uno de los puntos discutidos por la CNTC con el Gobierno durante la reunión fue la prórroga de las bonificaciones al carburante hasta finales de 2022. El 30 de junio, el apoyo económico de 20 céntimos por litro de combustible caducan, por lo que el sector solicita además una subida de esa bonificación aparte de su prolongación durante todo este año. Una ayuda directa de 40 céntimos por litro de carburante al transportista profesional o una tarjeta profesional que estos puedan utilizar.

Los camioneros, especialmente, se quejan de los altos costes que les supone el combustible. El diésel se encuentra a máximos históricos, habiéndose elevado su precio hasta un 50% más que en el mismo periodo del año pasado. Ello teniendo en cuenta que, prácticamente, la totalidad de los camiones en España circulan con diésel, su coste supone más del 30% de los costes de operación de algunas compañías.

1.250 euros por camión y 500 euros por furgoneta es lo que exige el Comité Nacional de Transporte por Carretera exige al Ejecutivo. Una ayuda directa por vehículo que se sumaría a la corrección de la cláusula que regulariza el precio del transporte según el del combustible, pasando del 30% al 40%.

Que los camioneros no trabajen a pérdidas es el principal objetivo de la CNTC, sin embargo, hasta el 30 de junio no hay nada establecido y una nueva nube gris acecha sobre la economía española ante la amenaza de una vuelta a los parones de los transportes.