Las cifras de morosidad empresarial que hay sobre la mesa siguen siendo, cuento menos, preocupantes. Las últimas disponibles nos llevan a mirar a las del Observatorio creado por Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, que marcan su mayor repunte trimestral en nada menos que doce años.

Así, en el primer trimestre de este año, siguiendo los datos de la evolución de la mora a través del periodo medio de pago, la deuda comercial con retraso de pago alcanza el 73,3%, 3,6 puntos más frente al trimestre anterior. La cantidad total supone 348.992 millones de euros, nada menos que un 42% más que en el año anterior.

Si a eso le sumamos, el aumento intensivo de la inflación, que ha llegado a superar el doble dígito de media, con algunas partidas incluso por encima de esa cota que encarecen sobremanera los costes empresariales, tenemos una tormenta perfecta, que se ve aderezada además con lo que nos viene: el mantenimiento de los precios de consumo en niveles altos y un crecimiento económico que se prevé nimio en 2023, e incluso por debajo del 1% en determinados casos.

Un cóctel en el que el pago medio se coloca en casi 84 días de media y subiendo. A más mora, menos liquidez, y la situación de las empresas, en algunos casos, es cada vez más precaria. Cepyme incluso reconoce que las empresas, cada vez en un número más creciente, lo identifican como un problema con perspectivas negativas, en especial, por el incremento que no cesa de los precios energéticos, hasta, al menos, la próxima primavera.

La morosidad lleva en muchos casos a los concursos

Se trata, por tanto, de una presión añadida sobre los ya castigados costes empresariales, con riesgo de impacto o al menos de retraso para hacer frente a las obligaciones del día a día. De hecho, la consecuencia más inmediata es la contracción del tejido empresarial que ya se está produciendo.

Según los datos de la Estadística Mercantil del colegio de Registradores, en el tercer trimestre del año, se han perdido en España 20.038 sociedades, con una caída superior al 7% y con un incremento a doble dígito de los concursos de acreedores, que crecen un 18% hasta el mes de septiembre, comparados con los datos del pasado ejercicio.

Y se trata de un aspecto que sigue creciendo, desde que el pasado mes de julio se terminara la moratoria concursal que permitía a las empresas una cierta dispensa temporal para las insolventes con la obligación de declararse en concurso, vigente desde el confinamiento de la pandemia.

Peores son los datos que manejan desde Experian y que, indican que las empresas que han cerrado hasta finales de agosto en España superan las 46.000, en su mayor parte micropymes, principalmente del sector del comercio y de la construcción, con Madrid y Cataluña encabezando esa lista.

Un mal, el de la morosidad, que se extiende a los autónomos a los que, en más de un 41% de los casos, dejan directamente sin ingresos, con el aumento de los impagos en casi diez puntos en el año, como consta en la última encuesta realizada por la asociación de autónomos ATA, en una tendencia de empeoramiento de facturación, que consideran además que se extenderá a lo largo de 2023.

La esperanza de la Ley Crea y Crece

Con estos mimbres, hace casi una semana que entró en vigor la Ley Crea y Crece, que, entre otras cosas, intenta luchar contra la morosidad comercial, el gran síndrome negativo contra la liquidez y rentabilidad de las compañías.

Su antídoto, la extensión de la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos. Esta medida, además de reducir los costes de transacción y suponer un avance en la digitalización de la operativa de las empresas, permitirá obtener información fiable, sistemática y ágil de los plazos efectivos de pago, un requisito fundamental para reducir la morosidad comercial, como indican desde la vicepresidencia económica.

Además, las empresas que no cumplan con los plazos establecidos en la Ley de Morosidad no podrán acceder a una subvención pública o ser entidad colaboradora en su gestión.