La inversión bajo los criterios ESG se ha extendido en los últimos años al calor de la regulación aprobada por la Unión Europea. Cada vez son más las gestoras que buscan potenciar los fondos ‘verdes’ para cumplir con los requerimientos de Bruselas, que se han incentivado todavía más a raíz de la entrada en vigor […]
| 28 abr 2023
La inversión bajo los criterios ESG se ha extendido en los últimos años al calor de la regulación aprobada por la Unión Europea. Cada vez son más las gestoras que buscan potenciar los fondos ‘verdes’ para cumplir con los requerimientos de Bruselas, que se han incentivado todavía más a raíz de la entrada en vigor del llamado ‘green Mifid’. En este sentido, uno de los productos que más interés ha recibido por parte de los inversores son los llamados bonos verdes. Este tipo de bonos van destinados a la financiación de un proyecto sostenible a cambio de recibir una rentabilidad.
Un bono verde es un tipo de instrumento financiero que se emite para financiar proyectos y actividades que tienen un impacto positivo en el medio ambiente y contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Estos bonos se emiten en el mercado de capitales y pueden ser emitidos por entidades públicas o privadas.
Los bonos verdes están diseñados para atraer a inversores que buscan invertir en proyectos que sean sostenibles y que contribuyan a mitigar el cambio climático, lo que significa que el emisor de los bonos puede obtener financiamiento a un costo más bajo que el de otros instrumentos financieros.
A pesar del atractivo que tienen estos productos, que pasa por ofrecer rendimiento financiero a la vez que se genera un impacto positivo en el medioambiente o en la sociedad, el filtrado puede ser fundamental. Y es que, según Fabien Collado, gestor de Insight de la gestora BNY Mellon, el 20% de los bonos emitidos no llegan a cumplir con los criterios mínimos exigibles. Es decir, que uno de cada cinco bonos verdes se puede catalogar como ‘green washing’.
Una conclusión a la que la gestora ha llegado después de analizar 804 bonos de impacto emitidos en distintas áreas geográficas y por distintas compañías. Especialmente se produce esta práctica en los países de Oriente Próximo, donde el 64% de los bonos verdes emitidos no cumplen con los requisitos mínimos. Un porcentaje que es del 35% en la región de Asia-Pacífico y del 12% en Europa.
En cuanto a los sectores, el de utilities es el que mejor cumple con los criterios establecidos para convertirse en un bono verde. Y es que solo un 13% de sus bonos no cumplen las condiciones necesarias. Por su parte, el sector inmobiliario incumple los requisitos en un 31% de sus emisiones. Aunque, la peor parte se la lleva el sector automovilístico con un 61% de bonos que no cumplen los criterios.
Collado asegura que, en la mayoría de las ocasiones, las compañías que incumplen con estos criterios son aquellas que ni si quiera tienen un plan medioambiental y, sin embargo, se lanzan al mercado de los bonos verdes emitiendo este tipo de productos. Como ejemplo, puso la emisión de bonos que iban destinados a la construcción de nuevas sede u oficinas que iban a ser construidas teniendo en cuenta los criterios medioambientales, pero esto no genera un impacto positivo por sí mismo que se pueda considerar como ‘bono verde’.
El greenwashing es una práctica de marketing engañosa en la que una empresa hace afirmaciones exageradas o falsas sobre la sostenibilidad ambiental de sus productos, servicios o prácticas comerciales con el objetivo de mejorar su imagen y aumentar sus ventas.
Por ejemplo, una empresa podría afirmar que un producto es ecológico o sostenible sin proporcionar información detallada sobre cómo se fabricó o cuáles son los impactos ambientales reales del producto. Otra forma común de greenwashing es el uso de términos vagos o genéricos como "amigable con el medio ambiente" o "eco-friendly" que no tienen una definición clara y pueden ser utilizados de manera engañosa.
