La inversión ASG: próximos retos regulatorios para las entidades financieras

En los últimos años, las entidades financieras han visto cómo la sostenibilidad se ha convertido en una cuestión relevante del negocio y las siglas ASG o ESG, en inglés, de ambiental, social y de gobernanza, forman ya parte de su día a día.

Esta evolución, no solo proviene de la creciente demanda de los inversores, sino, sobre todo, de la cantidad de nuevas normas que las entidades han de afrontar año tras año. Normas que responden a un compromiso político global para: (i) fomentar la transparencia, (ii) redirigir los flujos de capitales hacia inversiones sostenibles, y (iii) evitar el ecopostureo o greenwashing. El ritmo frenético de proliferación normativa sobre sostenibilidad no desciende.

En primer lugar, en cuanto a la transparencia, el año 2024 se presenta como el primero de aplicación de la Directiva UE 2022/2464, sobre información corporativa de sostenibilidad (o CSRD, por sus siglas inglesas). Esta norma persigue sustituir los “informes no financieros” por la “información corporativa de sostenibilidad” y ponerla al mismo nivel que los informes financieros. Afectará a muchas más entidades que su predecesora (más de 50.000), requiere un nivel de detalle en la información más profundo, una verificación externa y un formato electrónico.
Para este año, se espera también la aprobación de la directiva de diligencia debida de las empresas sobre sostenibilidad, que pretende fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable, y que exigirá que las empresas identifiquen, prevengan, mitiguen e informen sobre los impactos negativos de su actividad en la sociedad y el medioambiente.

Por otro lado, sobre la redirección de flujos de capitales hacia inversiones sostenibles, cuando ya nos habíamos acostumbrado a hablar de los “productos artículo 8” y “artículo 9” para referirnos a los que promueven o tienen por objetivo inversiones sostenibles, respectivamente, la Comisión plantea la revisión del SFDR (reglamento sobre divulgación de la información de sostenibilidad), que seguramente se tramitará durante este 2024. Entre otros aspectos, valora una nueva categorización de productos sostenibles con varias opciones, desde mantener las categorías actuales con criterios más claros a añadir nuevas categorías o cambiarla completamente y basarla en la tipología de la inversión. Además, la revisión del SFDR incorporará otros aspectos relevantes como la regulación de las actividades de transición o mejoras en la información divulgada.

A finales de este año será de aplicación el reglamento de bonos verdes (Reglamento (UE) 2023/2361), aprobado el pasado mes de octubre. Se trata de una norma voluntaria para los emisores públicos y privados, que podrán utilizar la denominación “bono verde europeo” o las siglas inglesas EuGB.

En lo que se refiere a la regulación del ecopostureo, a principios de año, el Parlamento Europeo aprobó una directiva sobre la capacitación de los consumidores para la transición ecológica, cuyo objetivo es abordar el greenwashing y que los inversores tomen decisiones mejor informadas, sin ser inducidos a error sobre los aspectos sostenibles de los productos.

A lo anterior, añadimos que, los legisladores europeos se han propuesto regular a las agencias de calificación de sostenibilidad para dotarlas de una mayor homogeneidad y seguridad jurídica, para lograr mayor transparencia.
En definitiva, la regulación sobre sostenibilidad vuelve a estar en el centro de la agenda de las entidades financieras este 2024, porque tendrán que revisar los cambios implementados hace apenas tres años, revisar el grado de cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida y volver a actualizar sus gamas de productos.