La aprobación de los Fondos Europeos para la Recuperación, más conocidos por su nombre en inglés Next Generation EU, la próxima generación Unión Europea en su traducción, fue todo un hito por parte del Consejo Europeo en julio de 2020. Se trataba de un instrumento de carácter excepcional, un flujo de dinero de 750.000 millones […]
NacionalDirigentes Digital
| 30 nov 2021
La aprobación de los Fondos Europeos para la Recuperación, más conocidos por su nombre en inglés Next Generation EU, la próxima generación Unión Europea en su traducción, fue todo un hito por parte del Consejo Europeo en julio de 2020. Se trataba de un instrumento de carácter excepcional, un flujo de dinero de 750.000 millones de euros. Una elevada cantidad para los estados comunitarios de forma que se produjera, a través de este Fondo de Recuperación, el empuje necesario en cada Estado tras el impacto económico de calado en todos los países por la crisis pandémica.
Del montante total de los Fondos a España le corresponden 140.000 millones de euros a ejecutar hasta el año 2026. El 52% del montante total, correspondería a subvenciones o ayudas directas, unos 72.800 millones de euros, y 67.200 millones más en préstamos a los que nuestro país tendría derecho en los próximos años.
Ese dinero, sin embargo, a pesar de que en más de la mitad de las cantidades es a fondo perdido, está sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos por parte de España, en especial relacionados con las reformas estructurales. Una de ellas, ahora mismo en negociación, es la reforma laboral con los agentes sociales, junto con la de las pensiones.
El gobierno solo ha solicitado dinero a Bruselas correspondiente a ese primer tramo, el de las ayudas directas. Lo primero fue la prefinanciación de 9.000 millones de euros, recibidos en agosto, algo más de un 12,4% del total. Y a mediados de noviembre España ha sido el primer país en solicitar un nuevo reembolso.
Se trata de 10.000 millones de euros, para los que el ejecutivo comunitario tiene 3 meses en su concesión, dos meses la Comisión y uno más un órgano económico de los 27. Si las fechas se cumplen en su integridad, el dinero podría no llegar hasta febrero, aunque Moncloa espera que los plazos sean más cortos y el dinero llegue antes de final de año. Aquí, el gobierno sí debe demostrar que ha cumplido una serie de hitos para recibir esta cantidad.
De momento, lo único oficial que se conoce de su ejecución y distribución se corresponde a lo avanzado por la ministra de Industria Reyes Maroto. Confirma que el ritmo de adjudicación es el correcto, con la autorización del 66% de los fondos y el compromiso, tanto con empresas como de administraciones del 33%, de más de la mitad del total.
Dos son los principales mecanismos de estos Fondos de recuperación europeos y uno de ellos corresponde a los denominados PERTE, los Programas de Apoyo a Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica, como el correspondiente al vehículo eléctrico, al que se han adjudicado 4.300 millones de euros.
Pero la principal queja de los dirigentes es que el dinero ha de pasar por numerosas trabas burocráticas, además de establecer, en algunos casos, condiciones draconianas difíciles de cumplir. Y sobre todo que parecen pensados para las empresas de mayor estructura y composición, aunque algunas de las mayores críticas llegan de compañías como Airbus, que hablan de cuellos de botella y laberintos administrativos en sus documentos internos para la concesión de estas ayudas.
Burocracia que pasa en primer lugar por la búsqueda de convocatorias en la página oficial planderecuperacion.gob.es en la que ahora mismo se pueden encontrar hasta 189 desde el programa Moves III de Movilidad eficiente y sostenible hasta programas para la rehabilitación energética de edificios pasando por el Fondo FOND-ICO Next Tech dotado con 2.000 millones de euros para promover el desarrollo de proyectos digitales e inversión en empresas en crecimiento.
En el pasado Consejo de ministros, además, el gobierno adjudicó a las CCAA 614,7 millones de euros procedentes de estos fondos para apoyar la transformación de los destinos turísticos para convertirlos, mediante planes de Sostenibilidad, en polos de innovación más competitivos y resistentes ante futuras crisis.
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