Las medidas de Sánchez llevarán a los autónomos a “la ruina”

Los autónomos se declaran en pie de guerra. La locomotora del tejido empresarial en este país se ha visto obligada a colgar el cartel de cerrado para combatir la pandemia. Una situación ante la que el Ejecutivo detalló una batería de medidas que, a priori, arrojaban un destello de esperanza entre emprendedores y pymes.

Acogerse a la prestación por cese de actividad es una de ellas. Sin embargo, son los requisitos que hay que cumplir los que han generado malestar entre este colectivo. En concreto, para poder recibir esta ayuda, el negocio del beneficiario se tiene que haber visto obligado a cerrar como consecuencia de la declaración del estado de alarma o su facturación durante el mes de marzo ha tenido que experimentar una caída de los ingresos del 75%, respecto a la media mensual del trimestre anterior. En el caso de aquellos que tienen trabajadores a su cargo primero deben realizar un ERTE.

Hasta ahí bien. El problema se produce cuando se analizan las excepciones. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha denunciado el caso de una mujer que no podrá acceder a ella por cobrar “150 euros al mes de pensión de viudedad”. Esto es solo un ejemplo del malestar y decepción que existe entre los trabajadores por cuenta propia que esta semana han de hacer frente al pago de la cuota y los impuestos ordinarios.

En este sentido, otra de las posibilidades que tiene el autónomo es el aplazamiento de figuras tributarias como el IVA, el IRPF o el Impuesto de Sociedades por un periodo de seis meses. No obstante, se comenzará a cobrar recargo a partir de los tres meses. Asimismo, a través de su página web, la Agencia Tributaria ha querido recalcar que “la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos que se establecen en el Real Decreto que declara el estado de alarma, no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones”. Es decir, que hay que cumplir con el fisco.

A ello hay que añadir las últimas decisiones que ha tomado el Ejecutivo de favorecer los ERTEs y prohibir los despidos ocasionados por el coronavirus, así como limitar la lista de actividades no esenciales con permiso retribuido. Amor ha sido muy crítico con estas decisiones y ha subrayado que estas deberían venir acompañadas de medidas económicas con las que poder mitigar pérdidas. “Los autónomos están al límite. Y están esperando al martes para que se les pase la cuota de autónomos y los seguros sociales de sus trabajadores. Con la cuenta a cero y sin posibilidad de hacer nada. Somos conscientes de que hay que quedarse en casa. Pero igual que se asegura el sustento del trabajador deberían mirar por el mantenimiento de la actividad que crea ese puesto de trabajo. No pueden abandonarnos más”, asevera.

Dar un paso al frente para “salvar a los autónomos”

En este contexto, desde ATA han elaborado un listado de propuestas de cara al Consejo de Ministros de este martes. En primer lugar, en línea con lo que reclaman desde hace semanas es la cancelación total de la cuota de autónomos para los meses de marzo, abril y mayo. En caso de que ya se encuentre abonada, devolver de manera inmediata y de oficio a todo el colectivo, y no se cobrarán recargos a quien la haya devuelto. Según datos recabados por la organización, la Seguridad Social recauda alrededor de 1.000 millones de euros al mes por las cuotas que abonan estos trabajadores, por lo que si Sánchez podría renunciar a esta fuente de ingresos si finalmente pospone el pago de la cuota.

Si bien por el momento solo pueden hacerlo las que cumplan con las condiciones anteriormente citadas, pide que las personas que no tengan exonerado este pago puedan girarlo a los meses de septiembre, octubre y noviembre. Asimismo, reclama la interrupción de todos los trámites impositivos y obligaciones tributarias del primer trimestre que tengan que presentarse en abril. En su lugar, optar por posponer esta obligación al mes de julio.

En lo que respecta a la prestación extraordinaria citada anteriormente, Amor considera más oportuno rebajar el citado umbral del 75% al 30%, “como ha hecho el estado danés”, ampliar su plazo de disfrute a tres meses, frente al uno actual y que se pueda compatibilizar con el cobro de otras ayudas, siempre que ésta no supere el 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Por último, en lo relativo a la norma que flexibiliza la aplicación de los ERTEs, ATA lanza la petición de anular la cláusula que obliga a mantener el empleo durante un plazo de seis meses desde que se reanuda la actividad, además de establecer la finalización de esta suspensión temporal del empleo un mes después de acabar el estado de alarma. “Lo que tengo claro es que el Gobierno tiene perdido el rumbo en materia económica y nos dirige hacia una desgraciada situación. Difícil va a ser la recuperación y muchas empresas y autónomos van a quedarse en el camino. O cambian rumbo o vamos a la deriva y a la ruina”, concluye Amor.