El Consejo de Ministros ha acordado instruir a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para que adquiera hasta un 10% del capital social de Telefónica. Según lo informado por el holding público a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, esto otorgará a España una participación mayoritaria, superando el 9,9% recientemente adquirido por STC, la empresa de telecomunicaciones saudí.

El Gobierno ha destacado que "Telefónica es una empresa líder en el sector de las telecomunicaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Sus actividades son de gran relevancia para la economía, el entramado productivo, la investigación, la seguridad, la defensa y, en última instancia, el bienestar de los ciudadanos", según se expresa en el comunicado que acompaña la decisión de adquisición.

Frenar a STC

En septiembre, Saudi Telecom Company (STC Group), una empresa de telecomunicaciones reveló su ingreso en el accionariado de Telefónica. Esta operación, valuada en unos 2.100 millones de euros, posiciona a esta empresa, respaldada por un fondo soberano saudí, como el principal inversor en la principal compañía de telecomunicaciones de España. De hecho, esta adquisición duplica la participación del que anteriormente era el mayor accionista (BBVA, con el 4,9% de las acciones).

Sin embargo, tras este anuncio llegó todo un culebrón impulsado por el Gobierno de España, que se mostraba reticente a la entrada de una compañía extranjera dentro de Telefónica al ser un sector estratégico.

La transacción se llevó a cabo mediante la adquisición del 4,9% del capital social de Telefónica en acciones, junto con la obtención de otros instrumentos financieros (derivados) que representaban un 5%. A pesar de sumar un total del 9,9%, se mantuvo justo por debajo del límite conocido como 'escudo anti-opas'. Sin embargo, la compra del 5% requería la autorización del Gobierno debido a la importancia estratégica de Telefónica en temas de defensa y seguridad nacional. Esta autorización todavía está revisándose, y STC posee, por el momento, el 4,9% a falta de ampliar hasta ese 9,9% objetivo. Sin embargo, con esta operación, Telefónica volverá a contar con una participación pública después de la salida del Estado en 1997.

¿Qué supone para los inversores?

Más allá de este movimiento, la pregunta que sobrevuela es que supondrá esto para los accionistas de la empresa y para aquellos que estuvieran pensando en invertir en ella. “En el corto plazo, creemos que es una magnífica noticia para los inversores, ya que muestra una confianza y seguridad en la empresa y su futuro plan estratégico. Además, afianza junto con BBVA y Caixabank la nacionalidad de los principales inversores de la compañía, mientras despeja de un plumazo las dudas sobre la posible compra del 10% de Saudi Telecom, que hubiera generado desconfianza sobre su independencia”, sostiene Manuel Pinto, analista de XTB.

Sin embargo, para el medio y largo plazo, Pinto cree que surgirán más dudas sobre este nuevo movimiento. “Con la entrada de capital público la empresa puede tener objetivos diferentes a los inversores privados, más centrados en la rentabilidad en el corto plazo, potenciar los ingresos o reducir los gastos, por lo que será clave la gestión diaria de la compañía y los posibles conflictos de interés”, explica.

Por su parte, Javier Molina, analista senior de mercados de eToro, asegura que "para los inversores y el mercado, la adquisición de SEPI puede interpretarse como un intento de minimizar el impacto en los precios de las acciones y alinearse con la tendencia europea más amplia de inversión gubernamental en grandes empresas. Convertir a SEPI en un accionista importante podría aumentar la influencia del gobierno sobre la estrategia corporativa de Telefónica, lo que podría tener un impacto significativo en la gobernanza y la dirección futura de la empresa".

El objetivo del gobierno, al igual que ocurre con gran parte de los países del mundo, es incrementar y potenciar sectores estratégicos, como son las telecomunicaciones, la tecnología o la defensa y seguridad, de hecho, países como Alemania o Francia, mantienen niveles ligeramente superiores al 10% sobre compañías nacionales del sector.

Los conflictos internacionales y la escalada de tensión geopolítica a nivel mundial han generado un compromiso global de incrementar el gasto en este ámbito y el gobierno ha ido ofreciendo en los últimos meses algunas pistas sobre ello con la futurible escisión de la rama tecnológica de Indra, con el fin de potenciar su objetivo en la seguridad, según comenta el experto de XTB.