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ERTEs: ¿quién paga la factura?

Desde el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos estiman una pérdida de 1,5 millones de empleos en los próximos meses por el coronavirus

22 DE mayo DE 2020. 08:31H Alexandra Gheorghiu

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Desvincular los ERTEs del estado de alarma y prorrogar este mecanismo legal hasta el 30 de junio, al tiempo que se flexibilizan sus condiciones para el regreso paulatino a la actividad en función de las necesidades de la empresa. Así es el acuerdo firmado entre el Gobierno y los agentes sociales en defensa del empleo. 

Entre estas medidas se incluye el compromiso de mantenimiento de los puestos de trabajo durante seis meses. Asimismo se mantiene la exoneración de cuotas a las empresas en ERTE de fuerza mayor e incentivos para las que recuperen parcialmente su actividad, mientras que aquellas domiciliadas en paraísos fiscales no podrán acogerse a este procedimiento, por otro lado, las compañías que opten por esta herramienta no podrán proceder al reparto de dividendos. 

Unas decisiones que están sujetas a un seguimiento por parte de una comisión tripartita que tendrá lugar el segundo miércoles de cada mes. De hecho la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, expresó que esta reunión es de lo "más trascendente", dado que se van a analizar cada uno de los sectores para detectar cuáles son los más perjudicados.

Por su parte, CEOE y Cepyme ponen en valor la firma de este acuerdo de extenderse los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y destacan que es "especialmente relevante el hecho de que se abra un nuevo proceso de negociación para ampliar el acompañamiento a las empresas y personas trabajadoras más afectadas más allá del mes de junio".

Si bien apuntan a que el proceso de recuperación será lento, insisten en "la necesidad de buscar nuevas vías para garantizar la supervivencia de los sectores más golpeados, de sus empresas y sus plantillas hasta la recuperación total de su actividad". 

Uno de los principales focos de batalla de la negociación sobre los ERTEs de fuerza mayor ha sido el mantenimiento del empleo desde la fecha de reanudación. Si bien esta cláusula se flexibiliza, esta no desaparece. 

En una charla online organizada por AGM Abogados, el socio del área Laboral de la compañía, Luis San José, realizó un análisis sobre el RDL 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, y sobre la "controvertida" cláusula de proteger el empleo que ponga a las empresas en una nueva encrucijada laboral. Surge una pregunta y es qué va a ocurrir en la práctica con los ERTEs de fuerza mayor después del 30 de junio. A esta cuestión San José respondió a DIRIGENTES que "para salvaguardar el empleo, si siguen las causas, tendría que empezar a pactar un ERTE de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP). Los ERTEs de fuerza mayor, sea en la modalidad que sean, quedarán extinguidos y los de causas ETOP lo que marque realmente el acuerdo final". Respecto a los sectores más afectados por la crisis, Luis San José comprende que se va a pactar o a regular una nueva normativa sobre ellos.

En este sentido, y tras el acuerdo alcanzado por PSOE, Podemos y EH Bildu, criticado por la organización empresarial CEOE, San José también se ha pronunciado y comenta que derogar la reforma laboral, que entraría en vigor cuando finalicen las medidas extraordinarias, no afectaría a los ERTEs porque estos "son pactados con anterioridad".

El Grupo Fidelitis, especializado en consultoría legal, vaticina posibles despidos masivos tras el ERTE. Indican en una nota que el Gobierno en el nuevo RDL "no aclara si tras ERTE de fuerza mayor pueden ser considerados, como despidos nulos o como improcedentes". Y entienden que ante esta situación económica, las empresas optarán por hacerlo, pese a que les repercuta en un coste mayor al de 20 días por año. 

SEPE desbordado

Casi cuatro millones de españoles se han visto afectados por un ERTE, lo que representa el 16% de la población activa. De esta cifra, una cuarta parte del total son autónomos. La avalancha de expedientes que aterrizaron en el Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, hizo que en el mes de abril atravesara una gran crisis administrativa ante la urgencia de resolverlos. 

La titular de Trabajo aseguró el viernes pasado que ya se habían reconocido y abonado a 3,3 millones de beneficiarios estas prestaciones y aquellos que quedaban por tramitar -46.000- se resolverían en los siguientes días. Una afirmación que choca con los datos facilitados en una encuesta del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, que cifran en más de 900.000 las personas afectadas por ERTE que a 14 de mayo no habrían cobrado la subvención del Estado. Otra de las conclusiones es que "se verán en el paro más de 1,5 millones de trabajadores por el cierre de más de 240.000 pymes a consecuencia del coronavirus y esto a pesar de que 135.000 de dichas empresas se han acogido a un ERTE", según el presidente del Consejo General, Fernando Santiago. 

El organismo público continúa desbordado y muchas personas aún no han percibido esta cuantía, lo que les aboca a una situación de alta vulnerabilidad. Para anticipar las prestaciones por desempleo, el SEPE ha firmado varios convenios con CECA, la Asociación Española de Banca y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.  

Desde la web de empleo, Jobatus, indican que con la desescalada, el SEPE tendrá que hacer frente a una nueva oleada administrativa, ya que no solo se siguen acumulando los expedientes que esperan su prestación, sino que se suman trámites de las empresas que quieran poner fin a su ERTE y reincorporar a sus trabajadores.

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