La creencia común de quienes cometen actos ilegales es que están por encima de la ley o, al menos, que los han cometido de una manera tan inteligente que la Justicia nunca los podrá probar. Pero basta con indagar entre las pruebas para certificar que lo que parece irregular, quizá es porque lo es. La […]
NacionalDirigentes Digital
| 30 jun 2021
La creencia común de quienes cometen actos ilegales es que están por encima de la ley o, al menos, que los han cometido de una manera tan inteligente que la Justicia nunca los podrá probar. Pero basta con indagar entre las pruebas para certificar que lo que parece irregular, quizá es porque lo es.
La Justicia lleva tres años investigando las actuaciones de Iberdrola y de su actual presidente, Ignacio Sánchez Galán. Desde 2018 no han parado de aparecer nuevas implicaciones del dirigente de origen salmantino en trabajos encargados al excomisario José Manuel Villarejo. Escuchas y búsqueda de trapos sucios a rivales y no tan rivales forman parte de dichos encargos que, no obstante, fueron camuflados en las facturas para ocultar su naturaleza.
Así lo expresa el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el documento en el que cita a declarar como investigados al propio Sánchez Galán, así como a Fernando Becker Zuazúa, Francisco Martínez Córcoles y Rafael Orbegozo Guzmán, quienes ocuparon cargos de responsabilidad en Iberdrola cuando se hicieron los encargos al excomisario. Para el magistrado existen indicios de que pudieron cometer delitos contra la intimidad, de cohecho activo y delitos continuados de falsedad en documento mercantil.
¿Por qué hay indicios de que cometieran esos delitos? ¿Cuáles fueron esos encargos? Según el auto de García Castellón, existen hasta cinco trabajos encargados por los responsables de Iberdrola a Cenyt, la empresa de José Manuel Villarejo.
En primer lugar, se cita el Proyecto Arrow, datado en 2004, que tenía por objeto “superar los obstáculos tanto administrativos como motivados por la oposición de una parte de los ciudadanos de la zona” para la construcción de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera, Cádiz. Por entonces, Villarejo accedió a llamadas telefónicas así como a información personal de quienes eran objeto de la investigación. La motivación real se repite en el resto de proyectos: usar información sensible en el caso de que surgieran conflictos entre Iberdrola y sus rivales.
Según consta en el informe que realizó Pricewaterhouse (PwC) para dilucidar los riesgos reales de la investigación judicial sobre Iberdrola, no se ha encontrado documentación que pueda justificar los servicios prestados que se indican en las facturas que pagó la empresa energética a Cenyt. Es decir, no hay pruebas de que los conceptos que se declaraban fueran ciertos.
Por ejemplo, una de las facturas indica como concepto “coordinación operativa de seguridad de los desplazamientos realizados por sus ejecutivos españoles, en los viajes profesionales de los mismos, durante 2004, en Brasil, México, Guatemala y Bolivia”. PwC no encontró pruebas de que esos servicios se efectuaran, como lo ratifica uno de los investigados, quien además añade que esas facturas referían al proyecto Arrow. Por ello, para el magistrado queda “indiciariamente acreditado” que se manipularon los conceptos de las facturas.
El segundo proyecto, denominado Black Board, se desarrolló durante esa misma época, posiblemente hasta 2005. Su objetivo era “conocer información de naturaleza sensible referida a las actividades” de Manuel Pizarro -que por entonces era presidente de Endesa- “que pudieran incidir en sus actuaciones futuras”.
En este punto cabe recordar no solo la naturaleza de espionaje de aquellos servicios, sino que Villarejo formaba parte de la Policía Nacional. Además, se encuentra evidencia de que tampoco las facturas coincidían con los conceptos que se expresaban.
En 2009 se volvió a producir otra relación empresarial entre Iberdrola y Cenyt. El proyecto Gipsy consistió en la investigación a José María Álvarez Vázquez, director de servicios generales de Iberdrola, y a Francisco Julián Gutiérrez Santiago, proveedor. Se sospechaba que estas dos personas habían tenido un vínculo con Florentino Pérez, presidente de ACS, además de que hubieran podido cobrar comisiones ilegales de esta última.
En ese mismo año se inició el proyecto Posy, que investigaba directamente a Florentino Pérez. El espionaje trataba de “conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola”, dice el magistrado. Según las anotaciones con las que cuenta la Justicia, tan solo Ignacio Sánchez Galán estaba al corriente de dichos trabajos.
El último espionaje es de finales de 2011, denominado Proyecto Wind. Iberdrola se había aliado con la empresa suiza Eólica Dobrogea para poner en marcha una serie de proyectos en Rumanía, si bien surgieron diversos conflictos. Iberdrola encargó a Villarejo investigar a la empresa suiza así como a su accionista mayoritario, Crisopher Kaap.
Después, cuando se resolvieron los conflictos a favor de Iberdrola, la investigación se centró en localizar bienes de la empresa y su accionista sobre los que poder ejecutar el laudo favorable a la compañía española. De esa época también se encuentran facturas sin pedido, lo que contradecía las normas de la energética. Además, PwC tampoco encuentra documentos que justifiquen los servicios prestados por Cenyt.
En resumen, hay dos grupos de facturas emitidas por Cenyt y pagadas por Iberdrola: un primer grupo por un importe superior a 407.000 euros, y un segundo grupo de más de 1 millón de euros. Los hechos expuestos por García Castellón implicarían el delito de cohecho activo, dado que Villarejo usó su influencia como comisario para acceder a información de los investigados.
También se acreditarían delitos contra la intimidad, derivados de los espionajes encargados. Y por último, las diferentes facturas que se emitieron justificarían un supuesto delito continuado de falsedad en documento mercantil, en base a que “los encargos y relaciones comerciales entre las partes no fueron esporádicos o puntuales sino que tuvieron continuidad en el tiempo”.
El propio consejo de Administración admitió que el procedimiento judicial abierto desde 2018 está implicando un “significativo desgaste reputacional”. Lo mismo dijo la CNMV hace unos días que, además de afectar a la propia Iberdrola, también puede perjudicar al resto de compañías cotizadas.
Iberdrola destacó la extensión en el tiempo del proceso judicial, a lo que también alude la CNMV. “Si ese fenómeno se amplía o persiste en el tiempo”, dijo Rodrigo Buenaventura, presidente del organismo, puede extenderse el perjuicio reputacional a otras empresas “que no tienen nada que ver con ese tipo de comportamientos”.
La actuación inicial de Iberdrola consistió en poner a sus dirigentes a disposición de la Justicia. Es más, Sánchez Galán se mostró “encantado” de contar su versión ante el magistrado. No obstante, la compañía energética es consciente de la existencia de hasta 17 facturas de Cenyt, si bien niega que dichas facturas y la propia Iberdrola tuviera relación alguna con Villarejo.
Para Iberdrola, los informes de PwC muestran que no hay pruebas de que “se hayan infringido los procedimientos de control establecidos”. En ese sentido, la energética se queja de que diferentes empresas se han dedicado a difamarla. De ese modo, las informaciones aparecidas “Tendrían en realidad a responder a una clara estrategia de desprestigio motivada por intereses espurios de algunos ex directivos y competidores que tan sólo pretenden perjudicar judicial y públicamente a otros directivos y a la propia Compañía”.
Además, añade que “las constantes filtraciones e insinuaciones sobre la posible responsabilidad de la Compañía o algunos de sus directivos no hacen más que perjudicar sus legítimos intereses, los de sus accionistas, empleados y grupos de interés e, incluso, los del propio mercado”.
Ni los términos en los que la Audiencia Nacional cita a los dirigentes de Iberdrola ni la propia citación hacen dudar a la compañía de la su inocencia y de su buen proceder en este caso. De hecho, el pasado 24 de junio emitió un comunicado en el que el consejo de administración ratificaba el apoyo a la gestión de la dirección de Iberdrola en el Caso Villarejo. Asimismo, se especificaba que en informe de PwC mostraba que “no se ha puesto de manifiesto la comisión de ningún tipo de ilegalidad o irregularidad ni de ninguna conducta inapropiada”.
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