El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana una ambiciosa Oferta de Empleo Público (OEP) para 2022 que incluye un total de 44.787 plazas, repartidas entre 22.009 de nuevo ingreso, 12.142 de promoción interna y 10.637 de estabilización. Según informan desde Moncloa, se trata de una cantidad histórica y el mayor refuerzo de la plantilla de la Administración General del Estado que responde a la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por “la prestación de unos servicios públicos de calidad”. Esta iniciativa, además, también ha sido acordada por los sindicatos en el seno de la Mesa General de Negociación que tuvo lugar el pasado lunes.  

En lo que respecta a la OEP ordinaria, tal y como anunció el martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el total de plazas quedan distribuidas de la siguiente manera: 24.208 para la Administración del Estado; 1.951 para las Fuerzas Armadas 2.906 para Policía; 2.086 para Guardia Civil y 1.732 para Administración de Justicia. Respecto a estas últimas, el número de plazas supone un volumen superior a las de 2021 cuando la oferta se compuso de 1.468 puestos. En esta ocasión se reparten entre las 940 de nuevo ingreso y las 792 de promoción interna, a las que también se suman cinco nuevas plazas para el Consejo General del Poder Judicial.

En relación con la oferta de estabilización, 4.691 plazas se corresponden a la Administración del Estado y 5.945 a la Administración de Justicia. De esta forma, el Gobierno cumple así con el compromiso adquirido con la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En virtud de esta norma, según detallan “antes del 1 de junio todas las Administraciones Públicas tienen que publicar las ofertas de empleo derivadas de los procesos de estabilización de empleo temporal”.

Por su parte, unido a estas dos ofertas, la ordinaria y la de estabilización, hay que sumar 18.149 plazas más correspondientes a las tasas de reposición ordinaria y de estabilización, “ya aprobadas para las empresas y entidades del sector público institucional estatal tras el proceso de coordinación y seguimiento iniciado el pasado 23 de febrero”, informan desde Moncloa.

Reforma de los procesos selectivos

El acuerdo también incorpora novedades en materia de selección dirigidas a “modernizar” y “agilizar” los procesos selectivos en la Administración General del Estado, a “profesionalizar” los órganos de selección y a “consolidar un modelo de planificación estratégica de recursos humanos”. En esta línea, algunas de las reformas más destacadas indican que las convocatorias permitirán la realización de pruebas selectivas que coincidan en el tiempo; los órganos de selección deberán contar con un número de personas que permita la existencia de varios tribunales para un mismo proceso selectivo; en los procesos de promoción interna se eximirá la realización de pruebas cuyo conocimiento se haya acreditado previamente y se fomentará la realización de ejercicios prácticos y de respuesta breve o alternativa.

Además, con el fin de promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público, sobresalen la elaboración y puesta a disposición de manera gratuita de materiales de ayuda a la preparación de oposiciones; la elaboración de un estudio de ayudas económicas para la preparación de estos exámenes; y la descentralización de los procesos selectivos para evitar que estas personas tengan que desplazarse hasta Madrid para examinarse.

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