El aumento del precio del gas ha hecho reaccionar al gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, el plan de choque que han puesto sobre la mesa parece tener más contras que pros, comenzando por el límite que pretenden poner a la imparable subida del hidrocarburo que, irremediablemente, encarecerá el precio de la luz en el […]
NacionalDirigentes Digital
| 12 abr 2022
El aumento del precio del gas ha hecho reaccionar al gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, el plan de choque que han puesto sobre la mesa parece tener más contras que pros, comenzando por el límite que pretenden poner a la imparable subida del hidrocarburo que, irremediablemente, encarecerá el precio de la luz en el libre mercado en un futuro muy próximo.
Las eléctricas advierten que el plan antiguerra ideado por el Ejecutivo apuesta por medidas económicas que contendrían el costo del gas, pero a su vez, la luz alcanzará. De nuevo máximos históricos con unos precios que afectará al 80% de la población, porcentaje correspondiente a la demanda eléctrica de la población.
Este plan conjunto con Portugal, tan solo beneficiará a una parte, descompensada, de los consumidores, perteneciente a un sector suscrito a tarifas reguladas o precios voluntarios para el pequeño consumidor (PVPC) además de aquellas grandes industrias adjuntas a precios de mayoristas.
Mientras que el Gobierno señala que los grandes beneficiados serán aquellos ciudadanos previsores que hayan contratado precios fijos para sus facturas de luz, serán las eléctricas del mercado mayorista las que asuman esa diferencia de 30 €/MWh que ambos gobiernos de la Península proponen frenar. De tal manera que, el coste de esa producción de las centrales la terminaran asumiendo los consumidores del mercado mayorista, por más que se contemple la opción de prorratear ese precio en otras tecnologías.
Que el Instituto Nacional de Estadística no tenga en cuenta el precio de aquellos contratos pertenecientes al libre mercado, provoca que el importe calculado para el IPC (Índice de Precios de Consumo), ahora mismo disparado y que a su vez pretende frenar la subida del PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), no sea equitativo para las rentas.
La presión ejercida sobre el sector eléctrico para que cambie el cálculo del PVPC, que es lo que provoca la volatilidad de las tarifas reguladas y, por tanto, anexo al precio del mercado mayorista, no sucede en el conjunto de la Eurozona. De ahí que las centrales eléctricas protesten contra la falta de toma de decisiones del Gobierno, cuando los mayores perjudicados son los consumidores ante las alteraciones de precios del mercado.
Las propias compañías eléctricas son acusadas de ir contra el plan del Gobierno, sin embargo, fuentes como Endesa, aseguran que esa estrategia les haría perder unos cuantiosos ingresos puesto que, previamente, ya han vendido producción en la que no interviene el gas, la inframarginal, muy por debajo de lo marcado por el pool mayorista.
Sabiendo que es el gas el principal motivo del encarecimiento de la luz, como consecuencia de la guerra de Ucrania, es urgente que se intervenga en su mercado a través de todo el territorio europeo para así frenar su distorsión.
Se estima que compensar los ciclos combinados con diferentes tipos de gas, supondría un coste anual de entre 10.000 y 10.400 millones de euros. Y eso teniendo en cuenta el precio actual del kilovatio, unos 110 €/MWh; si llegara a subir manteniendo la dinámica de los últimos meses serían aún mayor.
Al contrario de lo que sucede en el resto de Europa, España continúa dando menor importancia al mercado mayorista, recordando que es al que pertenece la gran parte de la población.
Corregir la situación de aquellos consumidores suscritos al PVPC, donde también entran a formar parte los beneficiarios de bonos sociales, socializaría un problema que se está adquiriendo una envergadura histórica, adquiriendo máximos históricos en el precio de la luz. Por no hablar de los consecuencias adversos que ello conlleva como frenar la inversión de combustibles renovables o el mantenimiento de los fósiles.
