La construcción de la Ciudad de la Justicia y su paralización han supuesto un goteo de gastos continuo para la Comunidad de Madrid. Ponerlo en pie costó 21,4 millones de euros, mientras que su posterior mantenimiento se alzó hasta los 176.000 euros, lo que es aún más sangrante si se considera que es una ciudad fantasma.

Esta situación continuaba enconada por la batalla judicial que mantenían los anteriores adjudicatarios y el ejecutivo regional, lo que impedía resolver este conflicto con un edificio de ocho pisos de altura y 13.500 metros cuadrados de extensión sin usar.

Desde la Junta de Compensación de Valdebebas se esperaba con ansia la resolución del conflicto judicial que llevó a OHL y Acciona a interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, tras la anterior sentencia que daba la razón a la Comunidad de Madrid.

La respuesta de la Justicia ha sido desestimar el recurso de estas dos empresas, por lo que la adjudicación del contrato de concesión de obra pública de la Ciudad de la Justicia queda anulado. De este modo, la Comunidad de Madrid puede acometer el lanzamiento de una nueva adjudicación que revitalice el proyecto. Así lo anunciaron en septiembre diversos miembros del gobierno regional, que pretenden llevar las instalaciones judiciales de la Comunidad a Valdebebas antes de que finalice la actual legislatura.