La recién nombrada ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha reunido este miércoles por primera vez con los denominados agentes sociales: la patronal y los sindicatos. Se trata de una primera toma de contacto para tantear la voluntad de ambas partes aunque la controversia que generaron algunas de las reformas que pretende realizar el ejecutivo ya han puesto a la CEOE sobre aviso.

Tras esta primera reunión queda patente la voluntad de la CEOE de no elevar el SMI por encima de lo razonable. No obstante, la primera reunión ha resultado productiva dado que las tres partes han acordado elevar el SMI hasta los 950 euros mensuales en este 2020, aunque queda lejos de los 1.000 que pretendía el Gobierno.

"El tema que a nosotros nos preocupa es ver este año qué es lo que tenemos que hacer, del año que viene ya hablaremos", afirma el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi en una entrevista con Efe. De este modo muestra las reticencias de las empresas ante las pretensiones del Gobierno, sobre todo en lo referente a marcar una subida progresiva del salario mínimo interprofesional (SMI) para los próximos cuatro años.

En su acuerdo de investidura, PSOE y Unidas Podemos pactaron subir el SMI hasta el 60% del salario medio en España, es decir, desde los 900 euros actuales hasta superar los 1.000 euros. No obstante, necesitan del visto bueno de las dos partes.

Desde la patronal, Garamendi no parece estar dispuesto. En 2019 ya se llevó a cabo una subida del 22% del SMI, lo que provocó que muchas empresas entraran en pérdidas, según explica el dirigente. Desde su punto de vista, la parte privada tiene "la obligación de incrementar los salarios, pero no pueden repercutirlo en el precio".

En esa línea, el presidente de la CEOE sostiene que las empresas no aguantarían una nueva subida: "Lo que estamos trasladando es que nos parecería excesivo, porque hay una parte de la economía que no lo aguantaría, especialmente la España vaciada". Así, Garamendi dice que las empresas no van a "hablar de sendas cuando entiendo que es un acuerdo de los dos partidos y nosotros estamos en el día a día, el trabajo diario".

En cualquier caso, el representante de la patronal especifica que sí que podrían llevarse a cabo cambios en la legislación laboral, en referencia a que el acuerdo de investidura PSOE-Podemos incluye la pretensión de derogar "los aspectos más lesivos" de la reforma laboral. Desde el punto de vista de Garamendi, "podrían tocarse algunos temas pero depende a dónde se llegue sí podría afectar al empleo". De ese modo, advierte de que los empresarios contratarán en función de la seguridad que les aporten los cambios.