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Gasto histórico y subida de impuestos: los PGE de 2021

El Plan de Recuperación que el Gobierno pretendía hacer bandera de sus Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 ha quedado finalmente en un segundo plano tras conocerse todos los detalles de la propuesta. La fiscalidad es uno de los aspectos que representará los principales cambios con respecto a los últimos presupuestos aprobados, los de […]

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Dirigentes Digital

27 oct 2020

El Plan de Recuperación que el Gobierno pretendía hacer bandera de sus Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 ha quedado finalmente en un segundo plano tras conocerse todos los detalles de la propuesta. La fiscalidad es uno de los aspectos que representará los principales cambios con respecto a los últimos presupuestos aprobados, los de 2018, pero también con respecto a las propias intenciones del Gobierno de coalición.

En primer lugar, el gasto social alcanzará la cifra más alta de la historia, con más de 239.000 millones de euros. Esta parte se explica por la revalorización del 0,9% de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios, además del incremento del gasto en otras partidas como las ayudas a la dependencia, que beneficiarán a más de 1,1 millones de personas. A esos gastos se suman los 5.000 millones que costará el Ingreso Mínimo Vital y el incremento del 59% de los recursos para luchar contra la pobreza infantil.

Otras partidas que se incrementan son las que tienen que ver con los servicios sociales, que se revalorizarán un 70,5%. Otro ejemplo de estos aumentos de gastos es la educación: el presupuesto para becas asciende a 2.090 millones de euros. En cuanto a la política sanitaria, contará con 7.330 millones de euros (un 75% más), mientras que las políticas contra el desempleo dispondrán de 4.191 millones de euros (29,5% más), y las políticas de vivienda, con 2.250 millones (un 25% más), destinados a promover el alquiler, la construcción y la rehabilitación de edificios.

Por otra parte, se busca sostener la actividad económica de distintos sectores. La I+D+i, junto con la digitalización tendrán una inversión de 12.344 millones, a la vez que se duplica el gasto en infraestructuras (11.500 millones de euros en total). Por su parte, el sector turístico, el comercio y las pymes serán el destino de 1.300 millones de euros en inversiones. En cuanto a la transición ecológica, se destinarán 5.300 millones.

Hay que destacar que, del total de los Presupuestos, se incuyen 27.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos. No obstante, estas ayudas no son la única forma que el Gobierno prevé para compensar el incremento del gasto en tan amplia diversidad de actividades: también se incluyen diversos aumentos de impuestos.

Más impuestos

La ambición del Gobierno es que esta subida de los gastos y la reducción de los ingresos como consecuencia de la crisis no supongan un aumento del déficit y la deuda. Por ello, espera bajar del 11,3% de déficit de este 2020 hasta el 7,7% en 2021, para lo que se proponen diversas formas de hurgar en el bolsillo de las empresas y los contribuyentes.

El Anteproyecto prevé una subida de dos puntos porcentuales en el IRPF para rentas superiores a 300.000 euros, así como otros tres puntos para rentas del capital superiores a 200.000 euros. Según expuso el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, esta insistencia en que “los que más tienen aporten más” supone el primer paso de una “reforma profunda de nuestro sistema fiscal”.

Sin embargo, las nuevas propusetas no quedan ahí. También se establece que el impuesto de patrimonio se aplique “de manera indefinida”. Se imponen un tipo del 3,5% (antes era del 2,5%) para fortunas de más de 10 millones de euros. En cuanto a las empresas, se limita al 95% la exención en el impuesto de sociedades sobre dividendos y plusvalías procedentes de empresas filiales. En materia de seguros, el impuesto sobre primas de seguros se incrementa desde el 6% al 8%.

Por otro lado, se incrementa el IVA de bebidas azucaradas del 10 al 21%. En lo que respecta al fraude, se limitan los pagos en efectivo a 1.000 euros en operaciones entre profesionales, se prohíben las aministías fiscales y se pretende controlar la inversión en criptomonedas.

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