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¿Hay que castigar la riqueza? Esto dicen los expertos

No hay referencias actuales en Europa sobre un Impuesto sobre el Patrimonio. Esta figura que se eliminó en España en 2008 y luego se retomó en 2011 “con carácter transitorio y excepcional” pone de acuerdo a los expertos: para continuar gravando el patrimonio se necesita reformar el impuesto. Además, existe el hecho de que en […]

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01 dic 2021

No hay referencias actuales en Europa sobre un Impuesto sobre el Patrimonio. Esta figura que se eliminó en España en 2008 y luego se retomó en 2011 “con carácter transitorio y excepcional” pone de acuerdo a los expertos: para continuar gravando el patrimonio se necesita reformar el impuesto. Además, existe el hecho de que en ningún país de la Unión Europea haya una figura impositiva como la española.

El Consejo General de Economistas organizó un coloquio en el que se debatió la utilidad de este impuesto, así como el de otros tributos que pretenden gravar la riqueza y redistribuirla. Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Castilla-La Mancha, llama la atención sobre la “proliferación de gravámenes sobre la riqueza”. Mientras, José María Durán, profesor de la Universidad de Barcelona, cree que el objetivo tiene sentido, en tanto que en las últimas décadas se ha producido una “acumulación excesiva” de riqueza.

El primer problema que identifican los dos expertos a la hora de gravar la riqueza consiste en definir en qué consiste este concepto. Coinciden en describir que la riqueza consiste en el conjunto de bienes y derechos económicos de las personas, a lo que Durán añade que esta circunstancia “otorga una capacidad de pago o consumo mayor”.

En la práctica, impuestos como el IRPF y una gran mayoría gravan un flujo de dinero que es fácil de valorar. Sin embargo, la valoración de la riqueza tiene más inconvenientes, que tienen que ver con los bienes inmuebles, que son susceptibles de cambiar de valor, o con las empresas que pueden formar parte del patrimonio de una persona.

Rubio cree que la “valoración de intangibles” puede dar lugar a discriminaciones, puesto que las valoraciones pueden ser diferentes en función de quién haga la valoración o de los criterios que se utilicen para hacerla. Durán puntualiza que “hay que ir actualizando” el valor de los bienes y los criterios para medirlo, además de que “la naturaleza de los bienes es plural”.

Teniendo en cuenta estos condicionantes, existen dos figuras principales que tienen como objetivo gravar la riqueza y redistribuirla: el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Para Durán, “la naturaleza redistributiva está presente” en estos dos impuestos, si bien también hay otros como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) que, por otra parte, tienen un mejor funcionamiento y no están en el foco del debate.

De hecho, Durán cuantifica la cantidad que aportan estas cuatro figuras impositivas en lo que puede llamarse la recaudación de la riqueza. Así, el IBI genera la mitad, el IAJD aporta el 30%, mientras que el Impuesto de Sucesiones recauda el 10% y el de Patrimonio, apenas el 5%. Por eso, para Durán “el debate debería centrarse en los otros”, es decir, en el IAJD y en el IBI.

Sobre todo en el caso del Impuesto sobre el Patrimonio, Durán plantea que hay “serias dudas” de que consiga su objetivo de distribuir la riqueza “tal y como está configurado el impuesto actual”. Su principal argumento es que está configurado de forma que “facilita la elusión del mismo”. Por ejemplo, se puede acumular riqueza en torno a un grupo empresarial que, a su vez, cuenta con importantes bonificaciones y, en la práctica, “genera distorsiones e ineficiencias”. En esa línea, Durán afirma que las grandes fortunas están “ligadas a grupos empresariales” y eso, en la práctica, implica que “la normativa facilita que haya una elusión considerable”.

Por su parte, Rubio comenta que “la experiencia nos dice que hay que copiar buenas prácticas”. Teniendo en cuenta que se ha eliminado esta figura o las homólogas en numerosos países de Europa, el experto cree que “nos encontramos con toda la circulación fiscal de frente y es posible que nos vaya mal”. “Si ha ido desapareciendo, por alguna razón será”, reflexiona Rubio. No obstante, cree que “si se opta por mantenerlo, va a exigir una reforma muy profunda”.

En el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones ocurre algo similar. “Pretende ser muy redistributivo pero hay tratamientos especiales como la vivienda habitual, las empresas y el patrimonio productivo”, incide Durán. “La configuración es mejorable”, concluye, en el sentido de que existen muchas exenciones y por la competencia fiscal “que ahora se destaca pero que no es nueva”.

Por ello, Rubio reclama una armonización en todas las Comunidades Autónomas para que se tribute por el valor real. Asimismo, cree que dicha valoración debe hacerse “sin excepciones”. Si no, Durán pone sobre la mesa el riesgo de que se acabe convirtiendo en “un arma más de los partidos políticos para echarse unos a otros”.

En resumen, los expertos plantean que la mayoría de impuestos no tienen discusión y hay consenso en su utilidad y conveniencia. Sí que reconocen cierto debate en cuanto a la forma de aplicarse o a las exenciones. Sin embargo, creen que es muy elocuente que los debates sobre el Impuesto de Sucesiones y el de Patrimonio plantean el foco acerca de su propia existencia.

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