Pese a que la banca española lleva cuatro años intentanto desprenderse de los activos inmobiliarios problemáticos y ha conseguido recortar este lastre del ladrillo hasta casi la mitad del total, las entidades todavía atesoran una elevada cartera de inmuebles y de préstamos de dudoso cobro.

De hecho, el Banco de España ha advertido recientemente de que el volumen de activos deteriorados sigue siendo demasiado alto para los estándares del Banco Central Europeo (BCE), con 58.000 millones de euros en adjudicados y cerca de 100.000 millones en préstamos de dudoso cobro.

En total, los activos problemáticos de la banca española se situaron al cierre del ejercicio pasado en 152.000 millones de euros, un 46% menos que hace cuatro años. Según Funcas, mantener estos activos problemáticos en balance supone un elevado coste a los bancos, reduce su rentabilidad y empeora su imagen hacia los inversores y reguladores.

Por ello, se prevé que a lo largo de este ejercicio se produzcan transacciones que liberen al sector financiero español de parte de su carga inmobiliaria. No en vano, en 2017 España ya representó cerca de la mitad del mercado europeo de venta de activos problemáticos.

Analizándolo por entidades, el Banco Sabadell ha anunciado que reducirá estos activos en 2.000 millones hasta 2020, en tanto que el Banco Santander ha fijado en su estrategia para 2018 un objetivo de reducción de activos tóxicos de 6.000 millones.

Mientras, Bankia definió en su plan estratégico 2018-2020 la venta de 2.900 millones anuales de activos problemáticos, tras deshacerse de la mayor parte de su vinculación al ladrillo con la creación de la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria.