Los “hombres de negro” se hicieron famosos en España mucho después de que llegará a la pantalla grande la saga cinematográfica del mismo nombre que limpiaba de alienígenas asesinos la faz de la tierra. Los popularizó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro en 2012, indicando que no vendrían a España. Con ellos se conoce desde […]
NacionalDirigentes Digital
| 05 oct 2022
Los “hombres de negro” se hicieron famosos en España mucho después de que llegará a la pantalla grande la saga cinematográfica del mismo nombre que limpiaba de alienígenas asesinos la faz de la tierra. Los popularizó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro en 2012, indicando que no vendrían a España.
Con ellos se conoce desde entonces a los técnicos comunitarios, bien sean de cualquiera de las instituciones, desde la Comisión Europea hasta el BCE, aunque en su día también formaron parte de la denominada y temida troika el FMI en los peores días del euro. Ahora, con un sesgo muy diferente, fiscalizan las reformas de los distintos países y de sus empresas e instituciones, de acuerdo con las ayudas que se reciben desde los organismos de Bruselas.
Ya están trabajando en su informe los últimos técnicos que han llegado a España, en este caso de la Comisión Europea, en lo que significa la tercera visita que nos hacen desde hace exactamente un año. Esa es una de las premisas que se impusieron a la hora de otorgar los Fondos Europeos Next Generation para la recuperación, que traen consigo una serie de reformas desde Bruselas que cada país debe cumplir para hacerlos efectivos y que supervisan cada cierto tiempo los funcionarios comunitarios.
En esta oportunidad, los técnicos del ejecutivo comunitario han venido a España, en concreto los días 19, 20 y 21 de septiembre, para analizar y comprobar in situ, hablando con todas las partes, cómo se está implementando la reforma de las pensiones y cómo se están ejecutando los Fondos Europeos.
En estos encuentros se entrevistaron con varios miembros del ejecutivo, entre ellos José Luis Escrivá, el responsable de la Seguridad Social, así como con miembros del Pacto de Toledo y con los agentes sociales, empresarios y sindicatos.
En especial, analizaron algunos de los cambios implementados, como por ejemplo los realizados en los planes de pensiones de empleo para las empresas y la nueva cotización de los autónomos, desde 2023 a 2025, basada en ese cambio del sistema hacia los ingresos reales de estos trabajadores por cuenta propia.
Pero también para interesarse por cómo van encaminadas las modificaciones todavía por hacer en esa compleja reforma, como el incremento de las bases máximas de cotización y las pensiones de mayor cuantía y la posibilidad de ampliar el cómputo de los años para calcular la pensión, sin rebajar en la medida de lo posible, la cuantía de la prestación contributiva.
Bruselas ya ha manifestado en algunas ocasiones su discordancia con la marcha y sobre todo con el cariz de estos cambios en el sistema para tratar de hacerlo más eficiente en el futuro, ante la inoperancia actual y sobre todo, de cara a la jubilación de la generación de “baby boomers” con altas prestaciones y largas carreras profesionales, en su mayoría.
En esta visita también se ha filtrado que los técnicos europeos no parecen estar satisfechos con la marcha y las adjudicaciones del ritmo de concesión e implementación de los Fondos Europeos en España, uno de los "debes" que más preocupa al Gobierno, a pesar de que sí se han producido sin novedades los anticipos que llegan desde Bruselas.
De hecho, según los cálculos realizados por la Intervención General de la Administración del Estado, hasta el mes de julio solo se había ejecutado 4.500 millones de euros de los 18.826 millones autorizados y que han llegado de Bruselas. Además, unos 3.000 de ellos han pasado a manos de las Comunidades Autónomas.
La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, explicaba el pasado día 22 en su comparecencia en el Congreso para explicar la ejecución del Plan de Recuperación, que ya se había “autorizado” el 66% de los Fondos Europeos presupuestados para este año y que el importe comprometido superaba el 53%, con transferencias a las CCAA que superaban los 18.000 millones de euros.