Definitivamente, el Gobierno rechaza que se produzca en 2023 la pretendida reforma fiscal. La elevada inflación, que ha vuelto a repuntar con fuerza al 10,2% en junio hasta su nivel más alto en 37 años, desvanece la esperanza apuntada de una corrección en los precios a corto plazo. Ese es uno de los factores acompañado […]
NacionalDirigentes Digital
| 13 jul 2022
Definitivamente, el Gobierno rechaza que se produzca en 2023 la pretendida reforma fiscal. La elevada inflación, que ha vuelto a repuntar con fuerza al 10,2% en junio hasta su nivel más alto en 37 años, desvanece la esperanza apuntada de una corrección en los precios a corto plazo.
Ese es uno de los factores acompañado de la esperada subida de tipos, incluso en el BCE, que comenzará, de forma progresiva, en la reunión del Banco Central Europeo, el próximo 21 de julio y que se espera prolongar en 2023 para corregir la alarmante subida de precios. Aunque de momento el Gobierno descarta una recesión, lo cierto es que el efecto de un corte en el suministro de petróleo y gas ruso en Alemania este otoño podría también frenar en seco nuestro crecimiento y dañar al empleo y la actividad de las empresas.
Ante ese panorama, el Gobierno abandona totalmente la posibilidad de emprender una reforma fiscal, al considerar el momento inoportuno para hacerlo. Con una crisis sobre la mesa, incrementar los impuestos en mayor medida y con las elecciones municipales, primero y generales, después durante el próximo ejercicio, con el panorama económico actual, no lo han considerado conveniente.
Hay varios factores que descartan, además de los aportados, que se produzca un repunte de la fiscalidad generalizada con la revisión de los principales impuestos al alza en nuestro país. Uno de ellos se debe al aumento de los ingresos fiscales, que podrían marcar un nuevo récord frente al conseguido el año pasado.
En primer lugar, nos fijamos en los datos conocidos, los últimos hasta mayo, que nos ofrecen un acumulado de 54.472 millones, por parte del Estado, en concreto 13.460 más, que servirán para cubrir buena parte de las medidas anunciadas por el Gobierno para sufragar la crisis de carburantes y luz, hasta fin de año. Hablamos de un aumento del 19% en los cinco primeros meses del año.
Las razones, de sobra conocidas: la subida de la inflación y el aumento del consumo incrementan la recaudación por IVA del orden de un 21,4%, se elevan las cotizaciones sociales al aumentar el empleo y el hecho de devolver menos a las empresas por el Impuesto de Sociedades frente a las declaraciones de 2020.
Eso sí, el Gobierno sí implementará para que entre en vigor al año que viene, un impuesto ad hoc para las eléctricas, de forma que “paguen” mediante sus beneficios, buena parte de las medidas anticrisis anunciadas por Moncloa. Un nuevo gravamen que se conformará sobre los beneficios de 2022 a las compañías del sector. Todavía no se conocen detalles de cómo se implementará, aunque se fijan en el espejo de Italia. En este caso eleva su fiscalidad un 10%, que se suma al 15% anterior hasta completar un 25% sobre los beneficios obtenidos desde octubre pasado, siempre que estos, superen la cifra de los cinco millones de euros.
Habrá que estar atentos al margen que dé Bruselas a esta decisión, ya que, tras señalar el retraso de la vuelta a las reglas fiscales, veremos su postura oficial sobre las reformas en noviembre, cuando la Comisión Europea presente las previsiones de otoño, el baremo que utilizan las instituciones comunitarias para establecer y solicitar las reformas en cada país. Un primer examen de lo que nos espera para la última parte del año en nuestra economía.
Por tanto, se aparcan algunas premisas tributarias, como el posible mantenimiento del Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, así como el incremento de la fiscalidad verde, que también se esperaba, tras el contenido del Libro Blanco de los expertos solicitado por el Gobierno.
¿Cuánto nos cuestan las medidas anticrisis del gobierno?
Propuestas de los dirigentes para la reforma fiscal
