El gobernador del Banco de España (BdE), Luis María Linde, ha reconocido este martes en sede parlamentaria que fue un error no aprobar el rescate con fondos públicos de Banco Popular en 2012, cuando la entidad suspendió los test de estrés junto a Bankia, BMN, CatalunyaCaixa, NovacaixaGalicia o Banco de Valencia, entre otros. En su segunda comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, Linde ha señalado que los test revelaron que Popular tenía necesidades de capital de 3.200 millones de euros, pero ha admitido que permitió que la entidad sanease por sí misma sus activos inmobiliarios dañados para "quitar peso" al rescate europeo al sector financiero español. Sin embargo, el gobernador del BdE ha culpado de la quiebra del Popular a los dueños de la entidad, rechazando así las acusaciones del consejero del Banco Central Europeo (BCE) Yves Mersch, que atribuyó la responsabilidad de la bancarrota de la entidad a la falta de inyecciones de liquidez de emergencia por parte del supervisor bancario español. De hecho, Luis María Linde ha afirmado que respondió a la petición de liquidez que hizo la dirigencia del Banco Popular en junio de 2017, pero que no pudo ofrecer más de 2.000 millones de euros, ya que las cuantías superiores debían contar con el beneplácito del BCE, contradiciendo la versión de Mersch, y con garantías por parte del Popular. Finalmente, la liquidez que necesitaba el banco no llegó hasta 48 antes de su quiebra. A pesar de centrar su explicación de la intervención del Popular en sus problemas de liquidez, sobre los que no aportó cifras, Linde ha reconocido que la entidad también sufría de problemas de solvencia desde 2012 que provocaron que cuatro años después la "tasa de cobertura se situaba por debajo de sus pares; el riesgo de crédito era el principal, sobre todo por el elevado riesgo inmobiliario y los activos adjudicados". El dirigente del BdE ha destacado que el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) detectó a inicios de 2016 un deterioro en el capital del Popular y aconsejó a su entonces presidente, Ángel Ron, que iniciase planes para una ampliación de capital, que se concretó en 2.500 millones de euros y que no llegó a producir el resultado esperado. Por estos motivos, el gobernador del Banco de España ha asegurado que la responsabilidad de la resolución del Popular es exclusivamente del fue de la Junta Única de Resolución de la Unión Europea y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), asegurando que el BdE se limitó a validar la oferta de compra de un euro presentada por el Santander. Respecto a la venta de Popular al banco que preside Ana Botín, Linde ha asegurado que esta operación evitó un "escenario catastrófico" para el sector financiero español, dado que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) no podría haberse hecho cargo de los depósitos inferiores a 100.000 euros.