Europa se ha puesto entre ceja y ceja liderar la transición ecológica. Tanto por su ubicación como por su capacidad técnica, la Unión tiene la capacidad de plantearse un reto de esas características, si bien el camino hasta alcanzarlo está lleno de baches. Sin ir más lejos, la crisis de precios actual pone en duda la transición, tanto por su coste como por los daños colaterales.

En el evento digital organizado por Fundación Naturgy 'El desarrollo de las renovables en Europa: presente y futuro', diferentes expertos alertaron de que la subida de precios no debe hacer cambiar el foco de Europa. Diego Pavía, CEO de EIT Innoenergy, plantea que el momento requiere "tomar otras medidas, pero no desviarnos de nuestros objetivos", en referencia a decisiones que pueden alterar la seguridad jurídica y la inversión.

Para Pedro Zalba, managing director del Deloitte European Policy Center, no se trata de un problema único de España, sino que afecta a toda Europa. En ese sentido, tanto España como Europa "deben seguir manteniendo el liderazgo", sostiene Zalba. "Es clave la seguridad jurídica, no debemos caer en la tentación de ponerla en cuestión porque la movilización de recursos es clave".

No obstante, reconoce que esta transición, más allá del aumento de precios puntual, tendrá "consecuencias negativas a corto plazo" que habrá que mitigar. Lo mismo piensa Pavía, quien se refiere al proceso en términos económicos: "El sistema en 2030 tendrá un coste menor pero mientras llegamos habrá un coste mayor". En su opinión la tarea se antoja difícil por la necesidad de actuar en frentes muy diversos, como son la propia generación de energía, su distribución, el almacenaje y el uso, que afecta a campos como la producción económica o a la movilidad.

Zalba asegura que "la regulación está llamada a jugar un papel relevante" en el proceso, dado que puede resultar un apoyo. En todo caso, se trata de un "reto que hay que afrontar a largo plazo" con la suma de todos los actores, desde el propio sector energético, el sector público y la sociedad. Esta conjunción de intereses tiene sentido porque, a su juicio, "las reformas estructurales tienen un impacto negativo" y la legislación debe servir para mitigar las distorsiones sociales. Aun así, recalca que "no podemos ser hoy contaminantes y mañana completamente sostenibles".

A favor de este objetivo están los fondos Next Generation, que son una palanca para financiar el cambio y también para mitigar los impactos negativos, dado que la inversión pública moviliza inversión privada y, en último término, puede contribuir a la generación de empleo.

En su intervención, José Manuel Morán, vicepresidente de Capítulo Español del Club de Roma, incide en las ideas de los otros dos ponentes: "No podemos hablar solo de transformación sistémica sin hablar de consecuencias negativas". Es consciente de que hay desajustes, pero el análisis de la situación es clave para observar qué posibilidades existen para resolverlos. Por ejemplo, nombra el ejemplo de las centrales térmicas que dan vida y trabajo a comarcas enteras. En su opinión, se debe intentar encontrar el equilibrio entre compatibilizar el largo plazo con la sostenibilidad y la viabilidad económica.

En esa línea, Morán llama a "aprovechar los momentos", como es este en el que la Unión Europea se ha empeñado en liderar en energías renovables. "Es una transformación que nos lleva a plantearnos unos horizontes mucho más positivos", dice Morán.

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