Esta semana ha comenzado con la reanudación de las actividades consideradas como no esenciales, lo que supone la vuelta al empleo de varios millones de trabajadores de ámbitos como construcción o industria, tras quince días paralizados. 

Aún se desconocen las consecuencias de esta medida impuesta por el real decreto que congeló aquellos sectores no incluidos dentro de los 25 expresamente señalados. No obstante, el tejido empresarial ha tenido que mover ficha a lo largo de esta crisis: teletrabajo, ERTEs, vacaciones, paralización de la contratación de nuevos profesionales o reducciones de jornada, entre otras. Diferentes decisiones pero un único objetivo: resistir los efectos de la pandemia.

Una aproximación a las medidas que éstas han ido tomando la realiza la compañía de recursos humanos Randstad, mediante un estudio con 450 compañías de España, que revela que el 42,8% de las empresas mantiene su actividad o su producción en estos momentos. Para ello, se han implementado medidas de reestructuración organizativa, tales como el teletrabajo. Si bien, el impacto varía de unos sectores a otros, "a grandes rasgos, la flexibilidad organizativa y laboral está funcionando, aunque los efectos se agravarán, sin duda, cuanto más se prolongue la crisis", dice el director de Randstad Research, Valentín Bote.

Al reto de continuar con normalidad sus negocios en una situación atípica, los dirigentes españoles también enfrentan otros desafíos tales como mantener la operatividad de su empresa, sostener la relación con clientes y proveedores, así como asegurar los procesos y la productividad de sus trabajadores en tiempos de teletrabajo.

Por otro lado, hay un 25,5% de las empresas que ha optado por la paralización total, aunque temporal, de su actividad en esta situación y otro 22,3% por una reducción de la misma. El estudio refleja que, en el mejor de los casos, ha habido organizaciones que han tenido que tomar acciones para hacer frente a un aumento significativo del volumen de trabajo, mientras que en el otro lado, en el peor escenario, el 1,2% de las compañías han tenido que echar el cierre definitivo.

En lo que respecta a cómo la crisis está afectando en el ámbito de gestión de personal, más del 60% de las organizaciones encuestadas indican que han implementado el trabajo en remoto, mientras que el 41,6% han recurrido a mecanismos legales como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), tanto de reducción de jornada como de suspensión temporal del contrato. Asimismo, la crisis provocada por el coronavirus se ha convertido en un obstáculo para contratar nuevos perfiles, de hecho, se han paralizado uno de cada cuatro procesos.

Retraso en los pagos de las empresas españolas

Más de la mitad de las compañías encuentra que su principal preocupación es evitar pérdidas significativas. A este reto financiero se une el poder afrontar el cierre temporal o definitivo de las mismas, encargarse de los costes adicionales o mantener los márgenes comerciales anteriores.

De hecho, el retraso medio en los pagos de las compañías nacionales ha crecido en los tres primeros meses del año hasta los 14,37 días, lo que se traduce en el nivel más alto desde el último trimestre de 2015. Según se desprende del estudio publicado por Informa D&B, el plazo en el que pagan sus facturas de media sube hasta los 91,03 días. Este comportamiento se debe a que ha aumentado el periodo de tiempo pactado para abonar las facturas y el retraso en hacerlo. 

Los impagos temporales crecen en casi todas las comunidades autónomas españolas y el coste directo de la morosidad del tejido empresarial es de 1.849 millones de euros, es decir, 121 millones más que en el trimestre anterior. En este sentido, la directora de estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese destaca que "Los efectos en los pagos del COVID-19 todavía parecen mínimos, a pesar de que el retraso medio se incrementa hasta 14,37 días, resultando más afectados sectores como Hostelería y Transporte".