El Estado de las Autonomías necesita un préstamo milmillonario para sanar su economía. Concretamente, 50.579 millones de euros es lo que el conjunto de las Comunidades Autónomas de España necesita para salir de una deuda pública que supera el 20% del presupuesto anual de gastos. Una suma que engorda año tras año y que, precisamente […]
DeudaDirigentes Digital
| 09 may 2022
El Estado de las Autonomías necesita un préstamo milmillonario para sanar su economía. Concretamente, 50.579 millones de euros es lo que el conjunto de las Comunidades Autónomas de España necesita para salir de una deuda pública que supera el 20% del presupuesto anual de gastos. Una suma que engorda año tras año y que, precisamente en este 2022, no se espera que vaya redimir.
Son las consecuencias de una política hipotecada que ha marcado el estilo de gobierno de un país, poniendo en peligro el futuro del mismo. La política a crédito es el resultado de una mala praxis implementada desde hace años en las Comunidades Autónomas para intentar vivir por encima de sus posibilidades. Práctica que, en veinte años, ha aumentado el gasto a crédito en más de un 900%, poniendo en evidencia los desajustes entre los diferentes gobiernos que han estado en el poder.
Consumir e invertir es positivo siempre y cuando la actividad económica lo permita. En una situación en la que la deuda pública es tan elevada, destinar el gasto autonómico a los servicios esenciales y evitar reducir el gasto a medios prescindibles sería lo lógico. Sin embargo, el consumismo no justificado aleja a los gobiernos autonómicos de una política fiscal acorde a la realidad que viven.
El intento por volver a la normalidad tras los años más duros de pandemia, se está viendo empañado por la guerra de Ucrania. Razones más que fehacientes para pensar que son los principales motivos de una economía que este año está alcanzando históricos negativos. Se habla de la unión social para hacer frente a la desmesurada inflación, pero poco de la falta de estructura ante un gasto público acrecentado en un momento de máxima alerta que fue la pandemia o, más recientemente, la invasión rusa.
Pero la deuda pública a la que deben hacer frente las autonomías se remonta mucho antes de la aparición de la Covid. El endeudamiento de las CCAA se dispara en 2002 y desde entonces, no se ha parado de multiplicar. Se suman de este modo a la lista de administraciones públicas que no cuentan con una economía saludable para España, aunque con el añadido de que sus datos suponen una carga económica demasiado significativa para el conjunto del país.
Mientras el Banco Central Europeo respalde semejante situación, el problema real parece maquillarse. El endeudamiento público es asumido por la entidad bancaria sin coste alguno, lo que lo hace totalmente asumible y considerado incluso una situación sin adversidades, consiguiendo un efecto totalmente contrario al deseado: maquillar la realidad económica de todo el país.
El dinero público, independientemente de ser aplicado a nivel autonómico o estatal, no es una fuente de ingresos inagotable. Resulta razonable, pero el hecho de no estar asentado en una base sólida y bien estructura, sin depender si quiera de una ideología política concreta, es la clave para que la gestión autonómica sea exitosa.
Administrar el capital autonómico no debe implicar recortar en servicios públicos, esenciales para la sociedad, para salvar la economía. Se trata de recortar en gastos que no sean prioritario para la comunidad y considerar intocables todos aquellos relacionados con la sanidad, la educación o la justicia.
Sin duda, el conjunto del país está atravesando un ciclo de la historia adverso, acrecentado por acontecimientos que afectan globalmente. De ahí que reducir el gasto público no esencial suponga aumentar la prudencia ante lo que se puede acontecer a la par que implicaría estar subsanando una deuda pública con datos desorbitados. De lo contrario, se estaría apostando por una economía irreal en la que se seguirá fomentando la dificultad económica tangible.
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