Infraestructura y desarrollo económico son conceptos sinónimos. Sin embargo, el primer término no cumple una función en sí mismo, sino que es el medio mediante el cual se garantiza la generación de bienes y servicios, se genera empleo, repercute en la mejora de la educación de los niños, además de proporcionar bienestar social y un desarrollo sostenible de la economía de un país.

La infraestructura abre la puerta a la riqueza, la evolución y a la competitividad nacional. Pero es un concepto que va más allá de unas grandes obras sino que las infraestructuras de carretera, aérea, marítima, férrea o de telecomunicaciones deben estar interconectadas para llevar bienes y servicios a los ciudadanos en el menor tiempo y al menor coste. Uno de los países cuya economía está evolucionando favorablemente en las últimas dos décadas, el cual está trabajando especialmente este aspecto, como un reto relevante, es Colombia.

DESAFÍO DE CALIDAD

Colombia se encuentra ante el reto de superar las brechas de calidad respecto a otros países, las cuales están impactando directamente sobre la competitividad y el crecimiento económico. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Colombia estiman “grandes rezagos en sectores de infraestructura productiva, como transporte, y agua, así como educación, salud y justicia.

La inversión en infraestructura relacionada con el transporte ha sido baja, rondando el 1% del PIB. El porcentaje de la red vial pavimentada es pequeño y el estado general de las carreteras tiene menos calidad, al igual que el transporte férreo. Todo ello se traduce en un incremento del coste logístico y de transporte interno. Por otro lado, el sector del agua potable y el saneamiento, a pesar de haberse ampliado la cobertura de este servicio, todavía no tiene un acceso total y la calidad del servicio es deficitaria. La red de alcantarillado y acueducto se sitúa en torno al 80% y 93%, respectivamente.

IMPORTANCIA DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Los cambios regulatorios y normativos de la Constitución de 1991 favorecieron la entrada de inversión privada en infraestructura. En la actualidad, Colombia cuenta con una inversión total situada por encima del 5%. En concreto, está en el 6,46%. Un porcentaje producto de la suma de un 4,06% de inversión privada y el 2,40% restante de inversión pública, como muestran los datos de Infralatam. De hecho, América Latina y el Caribe (ALC) utilizan las Asociaciones Público-Privadas (APP) para el desarrollo de infraestructura.

La iniciativa Infralatam desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), manifiesta que se está invirtiendo pero hay que hacerlo “mejor”. Uno de los aspectos que ralentizan esta tarea es la ausencia de información estadística sectorial -las cifras que existen son de 2015-, a la hora de la planificación de nuevas obras lo que ha repercutido de forma negativa a nivel económico y social en las inversiones realizadas.

El incremento de la inversión es un punto positivo, sin embargo, sigue siendo insuficiente, y es lo que está produciendo un crecimiento “insatisfactorio” en los países en vías de desarrollo. Debe complementarse con otros componentes como la calidad de las instituciones, la planificación para un desarrollo sostenible, la transparencia y rendición de cuentas, así como la adecuada asignación de recursos. El país con capital en Bogotá ha tomado conciencia de estos retos a los que se enfrenta con el objetivo de posicionarse, según señalan en el informe, como uno de los “destinos más atractivos para la inversión privada en ALC y mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través del desarrollo de la infraestructura”.