La UE necesita más transparencia fiscal y cohesión

Ahora se discute con vehemencia la introducción de la “tasa Google” en España y el lanzamiento de un impuesto para ciertas transacciones financieras en la bolsa, pero lo que quiere el Gobierno de Pedro Sánchez no es nada del otro mundo. La Comisión de la UE estima que las compañías de Internet como Google y Facebook pagan en Europa solo la mitad de los impuestos sobre sus ganancias. En consecuencia hace dos años, la Comisión de la UE anunció un nuevo impuesto para que la recaudación digital sea más justa. Se lanzó una propuesta conjunta de la canciller Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron. Pero todavía no se ha presentado un proyecto común, también debido a los intereses de empresas alemanas en la EEUU y las amenazas de Donald Trump de vengarse con otras tarifas e impuestos contra Europa. Para Daniel Vaccaro, analista económico y profesor de EAE Business School, lograr que los gigantes digitales tributen de forma justa en los grandes países de consumo donde tienen sus beneficios, lleva muchos años sobre la mesa del G-20, la OCDE y la UE: “Pero hasta ahora el necesario consenso ha sido boicoteado por países como Irlanda, Holanda o Luxemburgo, que operan como hubs de los beneficios de estas multinacionales y están encantados con el estatus actual”.

Más recaudación a través de mayor transparencia y cohesión en la UE

Por los lentos procesos de la UE, Francia y Austria han decidido adelantarse a un acuerdo europeo y han introducido ya para este año la “tasa Google”, lo que tenía también como objetivo presionar al resto para que hagan lo mismo. España les ha seguido el paso ahora, lo que es para Vacarro una consecuencia lógica: “La era digital necesita revisar las reglas de la fiscalidad internacional. El ciudadano medio dedica una parte cada vez mayor de su salario al pago de servicios digitales ofrecidos por empresas cuyos beneficios no tributan en nuestro país”. La discusión sobre el presupuesto de la UE y la financiación de la costosa lucha contra el cambio climático no serían necesarias si la transparencia fiscal fuera mejor. Europa podría financiar todo su presupuesto, de 160 mil millones de euros, únicamente con el dinero que se escapa a través de la evasión fiscal dentro de sus propias fronteras por existir de facto paraísos fiscales. Alrededor de 170 mil millones de euros en impuestos se pierden anualmente en la UE, porque van desde países como Austria, Alemania o Suecia a Chipre, Malta o Luxemburgo. Entre corporaciones son 60 mil millones de euros. Las grandes fortunas desvían 46 mil millones y otros 64 mil millones de euros se deben, según cálculos del medio de comunicación austriaco “Kontrast”, al fraude del IVA.

Solamente con más transparencia y un poco más de control en las grandes multinacionales se podría recaudar mucho más sin incrementar porcentajes. En la UE, eso se haría a través de la presentación de informes fiscales multinacionales, los llamados informes país por país. Todos los ciudadanos deberían poder ver en línea la cantidad de impuestos que paga una empresa en un país. Las influencias de los grandes lobbys sobre la política han impedido hasta ahora esta transparencia fiscal. Es una razón, por la que falta ahora el dinero para el “Green Deal” y los fondos regionales. Países como Austria, Alemania y los Países Bajos no quieren exceder el límite de gasto del 1 por ciento de la producción económica. El Parlamento Europeo exige un 1,3 por ciento, porque de lo contrario “Europa no solo va a la zaga de sus propios objetivos, sino también detrás de otros actores como China y Estados Unidos”, advirtió el presidente del Parlamento, David Sassoli. Si la UE no reacciona y se enfrenta a los grandes multinacionales la población se rebelará todavía más que ahora contra las crecientes injusticias de riqueza y la falta de acción en temas climáticos.

Los grandes países europeos quieren lo mismo pero vía acuerdo

Hace más de diez años, poco después de la crisis, la idea recibió un nuevo impulso en la UE: un impuesto a las transacciones financieras, que se utilice para gravar la compra de acciones, valores, pero también derivados, debería contener especulaciones y involucrar al sector financiero en los gastos de los rescates de los bancos y cajas de ahorro que en algunos casos han ido a la bancarrota debido a las especulaciones con derivados. El ministro de finanzas alemán Olaf Scholz presentó una propuesta mínima en diciembre pasado. El socialdemócrata se ha lanzado solamente por un 0.2 por ciento, que quiere decir que por 50,000 euros, se adeudarán 100 euros de impuestos. En Austria ya tienen claro que este impuesto ligero no será un modelo para la UE. El primer ministro Sebastián Kurz dijo al periódico alemán “Welt”: “Estamos en contra de eximir a las transacciones y derivados altamente especulativos de este impuesto y, en cambio, castigar a la economía real y a los inversores minoristas”. El conservador tiene claro que quiere “castigar a los especuladores y no a los ahorradores, que invierten en acciones en tiempos de una política de pensiones de baja tasa de interés”.