Lo notan los consumidores y lo notan los dirigentes empresariales: todo cuesta más. Los suministros, la energía, el combustible y hasta los alimentos se encarecen por el impacto de la guerra en Ucrania. Pero la Administración ha asumido un perfil bajo en la toma de medidas que, por otra parte, contrasta con lo hecho en […]
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| 16 mar 2022
Lo notan los consumidores y lo notan los dirigentes empresariales: todo cuesta más. Los suministros, la energía, el combustible y hasta los alimentos se encarecen por el impacto de la guerra en Ucrania. Pero la Administración ha asumido un perfil bajo en la toma de medidas que, por otra parte, contrasta con lo hecho en otros países de Europa.
Por partes. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, habla sin reparos de un “conflicto cruento en términos económicos y de empleo”. Esas declaraciones, compartidas en un evento con economistas este miércoles, dejan entrever que el Gobierno espera un impacto aún mayor por la guerra: “Es una de las pocas certezas que tenemos”, señala Díaz.
Ante eso, los sindicatos han cambiado su postura y pretenden alterar la paz que ha reinado en los últimos meses en el ámbito laboral. Así, los sindicatos convocan movilizaciones el miércoles 23 para “exigir a los poderes públicos soluciones a los problemas”, dice Pepe Álvarez, de UGT.
En ese sentido, rechaza que se trate de una protesta contra el Gobierno, sino que es más bien una movilización que pretende mostrar la postura de los trabajadores españoles en vísperas del Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo, cuando se espera que se tomen decisiones con respecto al mercado energético y al impacto de la guerra.
De hecho, Unai Sordo, de CCOO, llama a modificar cómo se fijan los precios energéticos en la Unión Europea. En su opinión, ese mecanismo sostiene “gran parte del disparate” que se está produciendo con la energía. Y ha bastado el anuncio que han hecho los sindicatos de movilizarse para que el Gobierno adelante que va a actuar de forma inmediata sobre los precios de los combustibles. Por su parte, el presidente, Pedro Sánchez, retrasa las decisiones hasta el 29 de marzo, que espera que se consumen en un “acuerdo de país”.
En la misma jornada del miércoles, tanto Berlín como París han celebrado consejos de ministros para mitigar el impacto de la guerra en sus economías. En Alemania, el Ejecutivo compensará los gastos de calefacción con 270 euros a los grupos sociales con ingresos bajos. En el caso de hogares con dos personas, la ayuda asciende a 350 euros y, por cada persona que viva en la casa, la ayuda se incrementará otros 70 euros. Entre los grupos sociales beneficiados se encuentran los estudiantes, los trabajadores con rentas bajas o los pensionistas.
De ese modo, se duplica la ayuda prevista por la coalición de Gobierno cuando firmó su acuerdo en diciembre. En total se calcula que estos bonos llegarán a 2,2 millones de personas, pero las ayudas se proporcionarán a finales de año y cuando se evalúen los costes de calefacción de cada hogar.
Además, se han propuesto diferentes acciones para compensar la subida de precios de la gasolina y el diésel. El ministro de Finanzas alemán plantea establecer un máximo de dos euros por litro, tanto para el gasoil como la gasolina, si bien el precio actual ronda los 2,25 euros.
En su caso, el Gobierno francés prefiere optar por actuar sobre el precio del combustible. Hace escasos días adelantó un descuento de 15 céntimos por litro que el Estado sufragará directamente. Este descuento entrará en vigor a partir de abril. Algo similar se ha propuesto en el caso de la pesca, un sector especialmente castigado por el encarecimiento del gasoil. La ayuda se concreta en una subvención valorada en 35 céntimos por litro de gasóleo a partir de este mismo jueves “para que los barcos puedan volver al mar lo antes posible”, dijo el primer ministro francés, Jean Castex.
Aunque estas son algunas de las principales medidas, el Ejecutivo galo se reserva otras actuaciones, como el aplazamiento de las cargas fiscales y sociales para las empresas especialmente golpeadas por esta escalada de precios de la energía. Junto a eso, se extenderá el uso de los ERTE (ALPD en sus siglas en francés) durante tres meses más y se concederán préstamos avalados por el Estado que cubran hasta un 35% de la facturación.
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